La jueza Marta Sierra de Stalling, acusada de liberar ilegalmente a seis sospechosos de pertenecer a una red de corrupción aduanera, fue beneficiada el martes con la modificación de una resolución judicial que le permitirá salir de prisión bajo fianza.
La medida fue otorgada este martes por el juez undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulún, tras el dictamen el pasado 21 de octubre de una Sala de Apelaciones a la que recurrió Sierra de Stalling para evitar la prisión preventiva.
La jueza podrá dejar la cárcel con el pago de una fianza de 200,000 quetzales en moneda local (25,600 dólares aproximadamente).
De acuerdo a la decisión de la Sala Primera de Apelaciones, la resolución original de Cojulún, dictada el pasado 23 de septiembre y en la que enviaba a prisión preventiva a Sierra de Stalling, contenía ambigüedades.
Sierra de Stalling está ligada a proceso judicial por los delitos de “cohecho pasivo y prevaricato”.
Se incurre en este último delito cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
La funcionaria señalada se entregó a las autoridades el pasado septiembre tras perder la inmunidad que ostentaba en su cargo.
TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 3 jueces en Guatemala acusados de corrupción y lavado de dinero
Las autoridades han señalado a la abogada de recibir un soborno a cambio de liberar en abril pasado a miembros de la estructura de corrupción aduanera bautizada como “La Línea”.
La supuesta red criminal provocó la caída en septiembre pasado del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), acusado de dirigir la estructura corruptiva.
LEA ADEMÁS: Presidente de Guatemala renuncia
Renuncia la vicepresidenta de Guatemala
Dictan prisión preventiva para la exvicepresidenta de Guatemala
El expresidente de Guatemala es enviado a prisión preventiva
Sierra de Stalling estaba a cargo desde 1997 del juzgado octavo del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Organismo Judicial.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron que el acuerdo para liberar a los integrantes de la red fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de “La Línea”, y quien se encuentra prófugo de las autoridades.
La fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana, manifestó este martes su rechazo a la resolución de la Sala de Apelaciones durante una rueda de prensa.