MIAMI. El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro aseguró ayer en Miami que el régimen “contradictorio” del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, se define por su “autoritarismo, concentración de poder y control de los medios” en el país.
Chamorro, dueño de los medios Esta Semana y Confidencial e hijo de la expresidenta Violeta Chamorro (1990-1997), destacó que, pese a las “oportunidades de negocio” para el sector privado, el problema medular es la ausencia de “rendición de cuentas” y la “cero transparencia del régimen”.
Esta situación de falta de “fiscalización” y “rendición de cuentas a la sociedad” favorece un “potencial ilimitado para actos de corrupción”, manifestó el periodista, quien impartirá hoy en la Universidad Internacional de Florida (FIU) la conferencia “Corporativismo versus Transparencia”.
“En Nicaragua -precisó- se ha producido una demolición de las instituciones democráticas”, del Estado y de la sociedad civil, con la creación de un duopolio bajo la familia presidencial de Ortega, “dueña de cuatro canales”, y el empresario y socio del gobernante, el mexicano Ángel González, “dueño de otros cinco”.
Por ello, son pocos los medios de comunicación que están desarrollando la función de fiscalización del poder” y lucha por la “transparencia”, apostilló.
Expresó Chamorro también su desconfianza ante el proyecto de construcción del Gran Canal interoceánico de Nicaragua, que desarrollará un “misterioso empresario chino” sin “ningún mecanismo de control, supervisión o rendición de cuentas”.
Especialmente se mostró preocupado por una serie de “subproyectos que el concesionario puede desarrollar de manera ilimitada y que le permite expropiar terrenos de manera indiscriminada pagando la tierra a precio catastral”.
“Ese proyecto puede tener grandes consecuencias catastróficas ambientales”, advirtió.
Concluyó diciendo que, si bien el régimen de Ortega “está en proceso de consolidación y luce fuerte”, sus pilares son débiles porque están basados en la “concentración de poder en una familia, la presidencial”.
Esto lo confirma un reciente analisis del diario español El País, en el que explica que cuando Ortega asistió a finales de enero a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Costa Rica, fue acompañado de una comitiva familiar. Para el eventoo había nombrado a su mujer, Rosario Murillo, como “canciller en funciones de Nicaragua”, y a dos de sus hijas, Camila y Luciana, como asesoras presidenciales, mientras que el mayor, Rafael, asistía con rango de ministro.
Con este viaje familiar el sandinista dejaba en evidencia a nivel internacional una de sus prácticas comunes desde que regresó al poder en 2007, el nepotismo como política de Estado.
Ortega nombró a su esposa como vocera del Gobierno, a cargo del pomposo Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cuyas funciones van desde el manejo de la publicidad estatal, el control de la información pública y los medios de comunicación, la administración del día a día del Estado (Murillo pone y quita ministros), el manejo de las campañas electorales del Frente Sandinista (el partido gobernante, dominado por la familia Ortega), la organización de los eventos públicos del Presidente, el recibimiento de visitas oficiales extranjeras…, hasta el manejo de emergencias nacionales, como sucedió el pasado abril, cuando una serie de fuertes sismos sacudieron el país.
El sandinista cuenta con una lista de 24 asesores presidenciales, entre los que destaca-además de Luciana, Camila y Rafael- su hijo Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones y quien estuvo a cargo de contactar al empresario chino Wang Jing para negociar la concesión para la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua.
Azahalea Solís, experta en temas constitucionales, afirma que Ortega ha violado el artículo 130 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos, incluido el presidente, no pueden nombrar en cargos del Estado a sus familiares. Solís explica que Ortega, además, violó el artículo constitucional 138, que determina que el nombramiento de un ministro debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, lo que en el caso de Murillo no ocurrió.