BRASILIA. Joao Vaccari, extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), de la mandataria Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado ayer a 15 años y cuatro meses de cárcel por las corruptelas en Petrobras.
La pena fue dictada por el juez Sergio Moro y convierte a Vaccari en el primer político condenado por el escándalo en esa empresa estatal, por el que la justicia investiga a medio centenar de dirigentes del PT y otros seis partidos, en su mayoría de la base que apoya a Rousseff.
Vaccari es, además, el segundo extesorero del PT condenado a prisión desde que ese partido asumió al poder en enero de 2003 con Lula, a quien la Policía Federal pretende interrogar pues sospecha que también pudo haberse beneficiado de la trama en Petrobras.
El antecesor de Vaccari en la tesorería del PT, Delubio Soares, está en prisión domiciliaria y cumple una pena de ocho años por su participación en un sonado caso de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, en medio del primer mandato de Lula, padrino político de Rousseff, quien asumió el poder en enero de 2011.
Entre los 25 condenados por ese escándalo de sobornos está el exministro José Dirceu, otro importante dirigente del PT, considerado en la época como la “mano derecha” de Lula y ahora también procesado por su presunta participación en las corruptelas en la petrolera.
En la decisión divulgada ayer, el juez Moro consideró a Vaccari culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita.
En la misma decisión de ayer, el juez condenó a 20 años y 8 meses de prisión al exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque y dictó penas de cárcel que van de 9 a 18 años contra otros 8 implicados en las operaciones mediante las cuales era lavado y distribuido el dinero de la corrupción.
El caso Petrobras salpica a una veintena de grandes empresas privadas, que según las autoridades obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con exdirectores de la petrolera y políticos que amparaban el fraude.
Entre las firmas implicadas están varias de las más reconocidas constructoras de Brasil, que también operan en otros países, sobre todo de América Latina, lo que llevó al organismo Transparencia Internacional a iniciar una investigación propia sobre los tentáculos regionales de esa red.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado pagó $108 millones.
Otra empresa investigada en el caso Petrobras es Intertechne, contratada por CEL para hacer dos diseños de la represa.