GUATEMALA. El empresario Salvador Estuardo González, uno de los 24 acusados de pertenecer a la red de corrupción bautizada como La Línea en Guatemala, detalló ayer la participación del expresidente Otto Pérez Molina en la millonaria trama.
“El 50 por ciento de los sobornos iban para Otto Pérez Molina y para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti”, aseguró ayer González frente al Juzgado de Mayor Riesgo B, en una audiencia para determinar si los 24 señalados van o no a juicio.
De acuerdo con la versión del acusado, dentro de ese mismo monto se repartían alrededor del 10 por ciento para él mismo y para Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de Baldetti quien está prófugo desde el pasado 16 de abril.
El empresario, quien presuntamente ocupaba un cargo medio dentro de La Línea, relató ante el juez Miguel Ángel Gálvez cómo conoció a Baldetti y Pérez Molina cuando ya estaban en el poder, y se convirtió en su operador dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
“El pago que hacían los importadores (que utilizaban La Línea) no ingresaba al Estado. Ese cobro se entregaba al presidente y a la vicepresidenta”, confesó González, quien detalló que en los papeles donde documentó los pagos identificó a Pérez Molina y a Baldetti con otros nombres.
“Fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero”, añadió González, alias “Eco”, quien le explicó a al juez la organización completa de La Línea, incluida su implicación en la trama.
González subrayó que el dinero para la pareja presidencial era entregado a Monzón Rojas, pero recalcó que se reunió con Pérez Molina en más de una ocasión para “asesorarlo” con el trabajo en la SAT, incluso en Casa Presidencial.
La declaración confirmó las pesquisas de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos, que señalan a González, alias “Eco” en las grabaciones, como pieza clave para la operación financiera de la organización criminal.
El testimonio es un revés para la defensa de Pérez Molina, quien está preso tras ser imputado por defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.
El empresario también recordó haberle entregado 50,000 quetzales (6.500 dólares) en efectivo a la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez Ascencio, como parte de su tajada en la trama, pese a que la exfuncionaria aseguró la semana pasada entre lágrimas su inocencia en el escándalo, antes de ser enviada a prisión preventiva.
El juzgado dio inicio ayer la denominada “etapa intermedia” del caso, un escándalo por el que el pasado 3 de septiembre Pérez Molina salió del cargo luego que el congreso aceptó su renuncia, presentada en la víspera.
González hizo su declaración ante la mirada de los otros acusados y pese a que dos de los implicados estaban ausentes en la sala, a la que llegaron como público dos abogados de Baldetti.
Las autoridades acusan a los 24 sindicados, dentro de los cuales hay funcionarios y particulares, de defraudar al Estado de mayo de 2014 a abril de 2015 por al menos 28 millones de quetzales (3.6 millones de dólares).
Molina y Baldetti, ambos en prisión preventiva, deberán esperar hasta diciembre próximo sus audiencias por separado en las que el juez Gálvez deberá resolver si van a o no a un juicio oral y público.
Ambos son acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera por el MP, señalados como los supuestos cabecillas de la trama de corrupción.
Baldetti, quien renunció a la Vicepresidencia el 8 de mayo, fue capturada el 21 de agosto y actualmente está internada en el Centro Médico Militar por quebrantos de salud.
Mientras que Pérez Molina está en prisión preventiva en la cárcel del cuartel militar Matamoros, en la capital.
El arresto del exmandatario, a pocos días de la primera vuelta electoral, coronó una oleada de escándalos de corrupción que impulsó al humorista Jimmy Morales, quien ahora es favorito para ganar la presidencia de la mayor economía de Centroamérica en un balotaje el 25 de octubre ante la exprimera dama Sandra Torres.