CARACAS. “La Cámara Venezolana de Alimentos (Cavidea) expresa preocupación por el riesgo que corre la estabilidad laboral de miles de venezolanos y alerta acerca de las implicaciones que una medida como esta tiene sobre el normal abastecimiento de alimentos en la ciudad capital y zonas cercanas”, dijo la cámara ayer.
Según esta institución, el desalojo de estas instalaciones que sirven a empresas como Polar, Nestlé, Cargill y Pepsi Cola afectaría los empleos directos de unas 1,500 personas y los ingresos por empleos indirectos de otras 4,000.
La cámara señala, además, que estos son “espacios desde donde se realizan importantes actividades comerciales e industriales para el transporte y la distribución de sus alimentos y bebidas a la Gran Caracas y zonas aledañas”.
En el escrito, Cavidea también señala que la medida de ocupación atenta “contra la soberanía alimentaria de los venezolanos”, pues afecta directamente la operación logística de distribución de alimentos y bebidas, “que es la que permite hacer llegar de manera eficiente los productos a los puntos de venta”.
La Cámara de Alimentos apunta que expropiar y ocupar instalaciones industriales activas “no contribuye con la confianza y la seguridad necesarias para que la empresa privada siga fortaleciendo la producción nacional”.
El secretario general del sindicato de Pepsi Cola en la región metropolitana, Bladimir Camargo, dijo que el miércoles pasado una juez de un tribunal dictó la medida de desalojo, levantó un acta y estableció un plazo de 60 días para dejar las instalaciones.
La medida, según Camargo, es el resultado de un decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial en 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), que ordenó el uso de los terrenos para la construcción de viviendas del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
“El proyecto no fue solamente para la zona en la que estamos nosotros, sino que involucra a ocho o diez galpones más, entre ellos Coca Cola, a los que el miércoles les notificaron y ellos desalojaron, Cargill, el Banco Provincial, lo que abarca más o menos unas 140 hectáreas de terreno”, añadió.
La medida ha generado el rechazo de sectores de la oposición que han considerado que el procedimiento es una “expropiación” que además se realiza precisamente cuando el país atraviesa una crisis de abastecimiento y escasez de productos básicos, incluyendo alimentos esenciales.