BRASILIA. La constructora Camargo Correa, una de las investigadas en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, pactó un “perdón” del consejo de defensa económica de Brasil (CADE), que lo habilita a presentarse en licitaciones del Estado.
La condición para ese “acuerdo de indulgencia” fue delatar, con pruebas concretas, el esquema de cartelización montado entre varios grupos empresariales para la construcción de la central nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro, de acuerdo con la estatal Agencia Brasil.
Con el acuerdo, Camargo Correa pretende una reducción de las eventuales sanciones por parte del CADE.
El gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras se extendió a la también estatal Eletronuclear, cuyo presidente y vicealmirante de la Marina Othon Luiz Pinheiro da Silva fue detenido el martes acusado de recibir sobornos a cambio de adjudicar contratos amañados a las mismas empresas que desviaban recursos de la petrolera.
Pinheiro da Silva, que se apartó de sus funciones en abril cuando comenzó a ser investigado, aunque mantiene su cargo, habría recibido unos $1,365 millones por amañar contratos para la construcción de la planta nuclear.
Los contratos fueron adjudicados por Eletronuclear, subsidiaria del grupo eléctrico estatal Eletrobras, a varias de las empresas acusadas de desviar recursos en contratos con Petrobras.
Camargo Correa presentará pruebas a la autoridad de la competencia de cómo la compañía y otras empresas se beneficiaron de la red de corruptelas.
De acuerdo con una publicación ayer del diario Folha de Sao Paulo, Camargo Correa habría admitido que la compañía y otras seis empresas que trabajaban en Angra 3 realizaron entre 2011 y 2013 acuerdos para fijar precios de sus servicios.
Los contratos de licitación de la central nuclear con supuestas irregularidades están calculados en unos $875.9 millones, una quinta parte del costo total del proyecto.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Galvão fue contratada para ampliar la presa 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.