MIAMI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer el reciente ataque contra el edificio donde vive el periodista argentino Jorge Lanata, quien el pasado domingo presentó un reportaje en el que se vinculaba al jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, con el narcotráfico.
Lanata entrevistó en su programa Periodismo Para Todos a un condenado por asesinato que relacionó a Fernández con una trama de narcotráfico y un triple asesinato.
El periodista dijo que, luego, alguien dejó casquillos de bala cerca del inmueble en el que vive en Buenos Aires y que la garita de seguridad del edificio fue apedreada, aunque admitió que no tiene pruebas que vinculen estos sucesos con su trabajo.
Fernández ha calificado el reportaje de Lanata de “operación burda contra el kirchnerismo”, la corriente política del Gobierno, que ha descartado que la agresión contra la garita del edificio del periodista y los casquillos encontrados supongan una amenaza para el informador.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, exhortó a las autoridades a “resguardar la seguridad física del periodista” y solicitó “una investigación exhaustiva para determinar si los hechos están vinculados con el desempeño periodístico” de Lanata.
Se trata, señaló la SIP en un comunicado, de un “intento de intimidación” de Lanata después de que este presentara el reportaje en el que se relaciona a un “alto jerarca del Gobierno de la presidenta (de Argentina) Cristina Fernández con negocios relacionados con el narcotráfico”.
“Las autoridades argentinas tienen la responsabilidad de garantizar la integridad física de todos los periodistas y, en especial, de aquellos que ejercen el periodismo investigativo y hacen denuncias sobre asuntos de interés público”, destacó, por su parte, Claudo Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
Panamá preocupada
En otro caso, los caricaturistas de medios panameños rechazaron ayer unánimemente el proyecto de ley, presentado por un diputado del gobierno, que pretende regular el ejercicio del periodismo en Panamá, porque “viola derechos fundamentales sobre libertad de pensamiento y de expresión”.
El proyecto “pretende ignorar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 13 de noviembre de 1985 estableció, por unanimidad, ‘que la colegiación obligatoria de periodistas (…) es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos’”, indica el comunicado de los caricaturistas.
Una viñeta publicada en los medios impresos y sus ediciones electrónicas, firmada por los nueve caricaturistas panameños, los presenta con un personaje que con un lápiz en la diestra y una tijera en la siniestra, corta los hilos de un titiritero en cuya manga escriben CTAP, en alusión a la Comisión de Técnica Académica de Periodismo propuesta en el proyecto por el diputado Juan Moya.
Moya, diputado suplente del ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, del Partido Panameñista, argumenta que el proyecto pretende “dignificar” al periodista panameño.