El Departamento de Justicia solicitó a una juez federal reconsiderar un fallo que ordena la libertad inmediata de menores y madres migrantes que fueron arrestados por cruzar sin permiso a Estados Unidos desde México. La agencia afirma que mediante cambios recientes las autoridades federales ya no violan la prohibición de retener a niños migrantes en instalaciones de seguridad.
A finales de julio, la juez Dolly Gee ordenó la libertad “sin dilación innecesaria” de todos los menores y sus madres que se encuentren en centros de detención de familias migrantes si se considera que las mujeres no huirán o no representan un peligro para la seguridad nacional.
Los abogados del Departamento de Justicia presentaron el jueves en la noche documentos ante la Corte Federal Central de California en los que solicitan a Gee que mantenga en suspenso su decisión y afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la intención de convertir los centros en instalaciones de procesamiento de corto plazo y que la orden de ella “está dirigida contra prácticas y políticas ya inexistentes”.
El gobierno afirmó que el tiempo de detención fue reducido a sólo unas cuantas semanas para la mayoría de las familias y que una ulterior disminución iría en detrimento de las solicitudes de asilo y podría obligar la separación de madres e hijos en caso de otra marea de migrantes.
Además, limitar aún más el periodo de detención “aumentaría el peligro de que ocurra otra oleada de migración ilegal”, se dijo en los documentos presentados ante el tribunal, “porque se incentiva a los adultos a que traigan niños en su peligrosa travesía como medio para evitar la detención y acceder al interior de Estados Unidos”.
El gobierno solicitó otra oportunidad para argumentar su posición ante la juez para lo que citó “un enfoque potencialmente amplio de las medidas propuestas” y un periodo corto” para tenerlas en su lugar.
Laura Lichter, abogada de inmigración en Denver que trabaja con familias detenidas, dijo que el gobierno “duplicó” la detención de familias y está “enamorado de ese medida como herramienta, aun cuando una jueza la consideró ilegal e ineficaz”.
Una portavoz de Seguridad Nacional no hizo declaraciones sobre los documentos.
El gobierno ha canalizado millones de dólares a dos grandes centros de detención en Texas para mujeres y niños después de que miles de familias de inmigrantes, en su mayoría procedentes de América Central, cruzaran el verano pasado hacia Estados Unidos desde México.
Muchas de esas familias solicitaron asilo debido a que huyeron de la violencia de las pandillas y de la violencia familiar en sus países.
En las últimas semanas, más madres fueron dejadas en libertad con sus hijos. La imposición de fianzas se ha reducido considerablemente y muchas mujeres han aceptado que les pongan en el tobillo grilletes de vigilancia electrónica, según abogados que defienden los derechos de los inmigrantes.
Más de 170 legisladores demócratas solicitaron a Seguridad Nacional el cierre de las instalaciones. Los defensores de los inmigrantes presentaron dos denuncias en las que exigen se investigue a los centros.