Durante los últimos 3 años 172 comunicadores han solicitado protección para ellos y sus familias por amenazas en su contra.
Solo en 2015, 41 profesionales han pedido ayuda, siendo obligados a abandonar su lugar de residencia y trasladarse al Distrito Federal como medida de protección.
En medio de las investigaciones sobre la muerte del reportero Rubén Espinosa, en México ha estallado otro escándalo, esta vez alrededor del organismo que se encarga de atender y proteger a los periodistas y que recibe un presupuesto millonario por parte del Estado, que, según varios informes, está malgastado.
El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, Nadia Vera y otras tres mujeres ocurrido el viernes 31 de julio se ha ligado al Gobierno de Veracruz, donde las amenazas a periodistas se han hecho más notorias a partir del mandato del gobernador Javier Duarte.
Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían señalado públicamente que recibieron varias amenazas en su contra y culpaban al gobernador de Veracruz de estar detrás de la intimidación.
Espinosa dijo abiertamente en sus últimas entrevistas que no confiaba en la CEAP ni en ninguna otra institución del Estado, y que fue por esta falta de confianza en las instancias públicas que no interpuso denuncia alguna.