PANAMÁ. Un juzgado de Panamá inició ayer la audiencia en la que decidirá si cuatro exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) irán a juicio por “pinchar” los teléfonos a más de 150 personas, tal y como sostiene la Fiscalía.
Los exjefes del Consejo Nacional de Seguridad de Panamá, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos en prisión preventiva desde enero, fueron trasladados a un tribunal panameño para asistir a la audiencia preliminar, que previsiblemente se extenderá hasta el 20 de agosto.
El fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Nahaniel Murgas, les acusa de interceptar las comunicaciones a más de 150 personas entre opositores, empresarios, periodistas y sindicalistas.
Se les imputa el delito contra la libertad en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.
Por el mismo caso el Ministerio Público acusó a los exfuncionarios Ronny Ramiro Rodríguez y William Pitti, prófugos, y sobre los que pesa una orden de captura.
Según la Fiscalía, los equipos de escucha fueron adquiridos en Israel a la empresa M.L.M. Protection Ltd. por el Gobierno de Martinelli a un precio de $13.5 millones.
La maquinaria, de acuerdo al fiscal, se compró a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una entidad gubernamental creada para atender de urgencia las necesidades de los más pobres y cuyos dirigentes están envueltos en diversos casos de corrupción.
Varias de las personas que supuestamente fueron espiadas exigieron a la entrada del juzgado que haya independencia judicial y que se siente enjuicie al “verdadero culpable” de ordenar las escuchas ilegales: Ricardo Martinelli.