BRASILIA. El ex director del área Internacional de Petrobras Néstor Cerveró fue condenado ayer a 12 años, tres meses y 10 días de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados a la red de desvíos de fondos perpetrados en la petrolera estatal, informaron medios locales.
El juez federal Sergio Moro, responsable por el caso, condenó además al empresario Fenando Soares -apuntado como uno de los operadores de la trama ilegal-, y al empresario Julio Camargo.
Esta es la segunda condena que recibe Cerveró, quien fue sentenciado anteriormente a cinco años de cárcel por haber realizado negocios tendientes a blanquear dinero obtenido en forma ilícita.
Los tres fueron condenados por defraudar negocios vinculados a la contratación, por parte de Petrobras, de buques de perforación usados en la exploración de petróleo en aguas ultraprofundas de las costas de México y África.
Según Camargo, quien está arrestado y colabora con los investigadores, en uno de los negocios vinculados a los buques de perforación intervino el actual Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien habría exigido cinco millones de dólares en sobornos.
Según el portal G1, del grupo Globo, Soares y Cerveró fueron acusados por la Fiscalía de haber recibido 40 millones de dólares para facilitar la contratación de esos buques.
En su calidad de representante del astillero Samsung Heavy Industries, de Corea del Sur, Camargo pagó sobornos a partir de 2006 al área Internacional de Petrobras, comandada en la época por Cerveró, a través de Soares.
Éste fue sentenciado a 16 años, un mes y 10 días de cárcel, al tiempo que Camargo recibió una condena de 14 años de prisión. No obstante, gracias al acuerdo de colaboración con los investigadores, recibió beneficios y podrá cambiar algún tiempo de reclusión por servicios comunitarios.
Soares, acusado de canalizar los sobornos de Petrobras para el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Cunha, deberá pagar además una multa de 1.35 millones de reales (unos $409 mil), y Cerveró de 1.28 millones de reales (unos $38 mil 700).
Por el caso de Petrobras son investigados una cincuentena de políticos y otra cantidad de empresarios, acusados de sobrevalorar contratos entre constructoras y la petrolera y desviar los recursos para beneficios de políticos, la mayoría de la base aliada al Gobierno, y exaltos cargos de la compañía.
A la presidente Dilma Rousseff no se la está investigando, pero sus detractores piden que enfrente un juicio político, que –señalan– exigiría pruebas de que su campaña electoral fue financiada con dinero de sobornos. La mandataria y el PT dicen que todas las donaciones fueron legales.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.
Otra empresa investigada en el caso Petrobras es Intertechne, contratada por CEL para hacer dos diseños de la represa.
Mientras, el expresidente Fernando Henrique Cardoso sugirió ayer a Rousseff que “renuncie” o admita los errores, después de la multitudinaria protesta de la que fue blanco el domingo.
“Si la propia presidenta no es capaz del gesto de grandeza (renunciar o la voz franca de que erró y saber apuntar los caminos de la recuperación nacional), asistiremos a la desarticulación creciente del Gobierno y del Congreso, a golpes de Lavajato”, comentó el expresidente a través de las redes sociales. “Le falta la base moral, que fue corroída por las estafas del ‘lulopetismo’”, subrayó Cardoso, quien arremetió contra su sucesor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), y contra el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).