PARÍS. Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció ayer las medidas de “censura previa” contra los medios de comunicación decretadas por las autoridades ecuatorianas para gestionar la crisis generada por la erupción del volcán, que a su juicio no se justifican como pretendía el Gobierno para evitar el pánico.
“El peligro que representa la actividad del volcán Cotopaxi es real y merece ser tratado con precaución”, reconoció en un comunicado RSF, que puntualizó a continuación: “no es válido restringir a los reporteros para transmitir únicamente las noticias de las fuentes científicas oficiales y desdeñar el resto de las fuentes”.
La organización de defensa de los profesionales de la información se quejó de que “con el objetivo de evitar el pánico general, las autoridades ecuatorianas tratan a los periodistas como vulgares retransmisiones de sus comunicados oficiales”.
Recordó que el pasado día 15, un día después del inicio de la actividad del Cotopaxi, el gobernante ecuatoriano, Eduardo Correa firmó un decreto que declara el estado de excepción y, para los periodistas “anuncia la ‘censura previa’ de cualquier información referente a la actividad del volcán”.
Eso incluía hacerse eco de las noticias que circulaban por las redes sociales, de forma que “los medios de comunicación ecuatorianos sólo tienen derecho de expresarse sobre el asunto a partir de los boletines oficiales que emite el Ministerio Coordinador de Seguridad”, lamentó RSF.
Hizo notar que esta medida “se inscribe en un ya muy degradado contexto de libertad de prensa”.
Para ilustrarlo, se refirió a que la semana pasada una veintena de ciudadanos fueron detenidos en manifestaciones contra la política de Correa, y entre ellos había un fotógrafo del diario El Comercio y la periodista franco-brasileña Manuela Picq, liberados más tarde.
Ecuador ocupa el puesto 108 de 180 países en la última clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por Reporteros el pasado mes de febrero.
Críticas
Para organizaciones periodísticas o de libertad de prensa la censura es ambigua, y coincide con un momento de crispación política en que la oposición, encabezada por grupos indígenas, se ha movilizado contra el gobierno.
“El presidente argumenta que es para evitar el pánico de informaciones alarmistas, ese es su punto de vista. Se supone que los periodistas y los ciudadanos son alarmistas, hay ese prejuicio, eso es lo que está implícito”, dijo Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).
Para este periodista, la censura es “desproporcionada, inoportuna, porque se da justamente en un momento de movilización social”.
El gobierno de Correa, que vincula a varios medios privados con la oposición, ha subrayado que la censura rige exclusivamente para informaciones sobre el Cotopaxi.
César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, criticó la “ambigüedad” de la censura oficial. “No sabemos si en realidad el decreto se refiere a todas las redes sociales o se refiere a las redes sociales de los medios de comunicación (…) La ambigüedad del decreto les deja una amplísima potestad para decir incluso que los ciudadanos no pueden pronunciarse”, señaló.