BRASILIA. La denuncia por corrupción contra el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, puso más tensión a la relación del Gobierno con el segundo en la línea de sucesión, quien como titular del Congreso puede decidir la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff.
Pese a que Rousseff expresó que su Gobierno “no comenta investigaciones” y evitó así hablar del caso, el ministro de Defensa, Jaques Wagner, admitió que la situación es “complicada” y advirtió de la posibilidad de una “guerra política” en el Congreso.
Y es que lo que parecía un debilitamiento político con su denuncia ante la máxima corte, al parecer se convirtió en un arma de doble filo para el Gobierno, puesto que, con Cunha presionado, un sector de la base aliada teme represalias desde su alta posición en el Congreso.
Como presidente de la Cámara baja, Cunha tiene la facultad de aprobar la apertura de un eventual juicio político con fines de destitución a Rousseff, lo que ha sido planteado por algunos sectores de la oposición.
No obstante, Cunha, quien aseguró ayer que no renunciará a su cargo, descartó adoptar represalias por un supuesto complot en su contra que atribuye al Gobierno y al procurador general, Rodrigo Janot.
“No voy a adoptar represalias contra quien quiera que sea. Pueden estar tranquilos. Nada alterará mi comportamiento ni mi forma de actuar. Estoy sereno”, señaló el congresista a sindicalistas en Sao Paulo y calificó como “muy extraño” que la denuncia se hiciera pública justo cuando se realizaban marchas a favor del Gobierno.
El diputado, un experimentado político carioca con gran influencia en el Congreso y que se impuso al candidato del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para asumir en febrero la Presidencia de la Cámara baja, es la principal barrera que tiene al frente el Gobierno de Rousseff dentro del Legislativo.
A pesar de formar parte del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer y la principal fuerza de la coalición de respaldo a Rousseff, Cunha anunció su postura personal de oposición al Ejecutivo.
El rechazo liderado por Cunha en el Legislativo a varias iniciativas llevadas por el Ejecutivo al Congreso han trabado propuestas primordiales para el plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno para sanear las cuentas y enfrentar la delicada situación económica del país.
El polémico congresista consiguió también que la Cámara baja aprobara en primera y segunda instancia esta semana una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años para crímenes graves, propinando una derrota más al Gobierno que era contrario a esa iniciativa.
Cunha es uno de los cincuenta políticos, la mayoría de la base oficialista, investigados junto a exaltos cargos de Petrobras y ejecutivos de importantes constructoras por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera, acusados de sobrevalorar contratos y repartirse el dinero de los sobornos.
El jueves, Cunha y el senador y expresidente Fernando Collor de Mello, aliado de Rousseff, fueron acusados formalmente por la fiscalía ante la corte suprema de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por su supuesta participación en la red de corruptelas.
El titular de la Cámara fue acusado por uno de los delatores del proceso de haber recibido cinco millones de dólares en el exterior como parte del soborno pagado por la surcoreana Samsung Heavy Industries para su contrato de suministro de navíos-sonda con la estatal.
La denuncia fue presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte, debido a que ambos tienen fuero privilegiado y en ninguno de los casos se pidió por parte del Ministerio Público la renuncia o licenciamiento de los dos legisladores.
“No voy a renunciar al mandato para el que fui elegido por la mayoría absoluta en primera vuelta. No hay renuncia. Eso no forma parte de mi vocabulario”, aseveró Cunha, después de que 40 diputados, menos del 10 % de la cámara, presentaran un manifiesto pidiendo su salida.
En su defensa, después de ser fuertemente aplaudido por los sindicalistas, Cunha garantizó que tiene condiciones de seguir al frente de la Cámara de Diputados a pesar de las presiones y enfatizó que ninguna de las acusaciones en su contra “tienen una sola prueba”.
Después del acto con sindicalistas, Cunha declaró a periodistas que la relación del PMDB con el PT, después de la denuncia, es un asunto que le corresponde abordar “únicamente” a su formación política y no a él.
Salpica al país
Entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo de Petrobras y los sobornos están Odebrecht y Queiroz Galvao, las cuales fueron seleccionadas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en la administración de Mauricio Funes para ejecutar obras en El Salvador.
Queiroz Galvao fue contratada para la ampliación de la presa 5 de Noviembre en tanto que Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.