GUATEMALA. En cadena nacional de televisión, el gobernante Otto Pérez Molina anunció ayer que se mantiene al frente de la Presidencia de la República, pese al debilitamiento de su gabinete y en contra del clamor de sociedad civil, grupos sociales y académicos de que renuncie.
Negó su participación en la trama de corrupción conocida como La Línea y aseguró que dará “la cara” ante la Justicia y que asumirá su responsabilidad, pero que no dimitirá.
“Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma, haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera, mi conciencia está tranquila en ese sentido”, dijo.
“No hay una línea, son dos, y hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga. Sin duda, enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda su magnitud”, dijo.
Pérez Molina también pidió perdón y reconoció que en su gobierno se realizaron actos de corrupción.
“Esto me obligó a pedir disculpa pública y a decir lo que nace del fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos”. “No renunciaré y con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en Ley corresponda”, recalcó en su mensaje.
Denunció que determinados sectores, entre ellos extranjeros, pretenden instaurar una “estrategia intervencionista” en el país, con el objetivo de decir “qué o no hacer y quebrantar la democracia”.
Diversas organizaciones sociales y académicas anunciaron ayer una serie de protestas y manifestaciones contra Pérez Molina.
El dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) Daniel Pascual explicó que llevarán a cabo manifestaciones este martes y miércoles en el centro de la Ciudad de Guatemala, bajo el lema “Movilizaciones por la Dignidad Nacional”.
Según las evidencias encontradas por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la corrupción en Guatemala (CICIG) , los sobornos eran repartidos entre los integrantes de la red. Las autoridades aseguran que Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti estaban a la cabeza de la red. Ésta última renunció al cargo el 8 de mayo tras su vinculación, y el viernes fue detenida y enviada a prisión.
La red denominada La Línea era una estructura dirigida supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, el ahora prófugo ex secretario privado de Baldetti, quien se encargaba de entregar los sobornos al presidente como a la ex vicepresidenta.
La decisión del mandatario de permanecer en la presidencia, implicaría que la Corte Suprema de Justicia conozca y de trámite al antejuicio en su contra, solicitado por el Ministerio Público y la CICIG.
El Congreso tendría que conocer por segunda ocasión en menos de tres meses, un proceso de antejuicio en contra del mandatario e integrar una Comisión Pesquisidora que evalúe los cargos imputados: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
De retirarle la inmunidad, el Ministerio Público podría investigarlo como a cualquier ciudadano y afrontar el proceso en Tribunales, aunque podría seguir en la presidencia sino solicitan orden de captura en su contra, de ser así debería abandonar el puesto y ser encarcelado.