El principal audio que se escuchó ayer en la Sala B del Juzgado de Mayor Riesgo en Guatemala, fue el de una conversación que tuvo el presidente del país, Otto Pérez Molina, con el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, donde el mandatario le ordenó que cambiara al jefe de recursos humanos de la SAT porque el sindicato estaba presionando.
La grabación fue presentada ayer como parte de las pruebas contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, detenida el pasado viernes por su presunta participación en un esquema de cobro de sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros. El caso ha sido denominado La Línea.
El mismo viernes, la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) vincularon al presidente con esa estructura ilegal, lo que intensificó los llamados al gobernante para que dejara el cargo.
“El de recursos humanos ya habíamos dicho que se cambie, sino, no vamos a avanzar en nada…”, ordena en el audio el presidente, a lo que Muñoz respondió “hoy mismo hago el cambio señor presidente podré a Sebastián, a él lo conozco y sé que no me va hacer alguna jugada por ahí”, dijo Muñoz. Sebastián Herrera fue capturado meses después por estar involucrado en la red de corrupción.
Luego el exjefe de la SAT le habla al mandatario de reunión que quiere con él, para explicarle de un proyecto y exponerle hacia dónde lo quiere llevar, pero para eso necesita luz verde.
Para el Ministerio Público la organización de corrupción había decidido que se cambiara el jefe de recursos humanos porque no estaba funcionando como ellos querían en reclutar gente en la SAT y necesitaban la orden de Pérez Molina.
Antes de la audiencia, la fiscal general, Thelma Aldana, catalogó las escuchas como “inevitables”. Además, explicó que al presidente no se le tiene intervenido el teléfono porque gozaba de antejuicio, pero su voz figuró en las interceptaciones porque él se comunicó con la estructura criminal o viceversa “y por consecuencia son escuchas inevitables”.
Asimismo, la fiscal general indicó que este tipo de escuchas junto a diverso material electrónico y documental, les sirvió para respaldar la solicitud de antejuicio.
Aldana manifestó que en algunas ocasiones es difícil interpretar las escuchas, pero que en otras “no se requiere tanto análisis de los técnicos porque hablan por si solas”.
De esta cuenta leyó varias de las escuchas interceptadas en octubre del 2014 en donde habla Javier Ortiz, jefe operativo de la estructura externa, con varias personas de la Boutique Emilio, en la cual “con facilidad se entiende que la estructura tuvo reuniones con el presidente”, según periódicos locales.
Los fiscales explicaron al juez que en 119 folios se sustentan las escuchas telefónicas, un informe de la CICIG, y de otras pruebas incautadas en los allanamientos. Además, entregaron al juez un listado de importadores, pólizas, sobornos y recaudación del grupo del caso La Línea, una red de funcionarios y particulares que ayudaba a empresarios a evadir impuestos.
Ayer la exvicepresidenta fue acusada de recibir $ 3.7 millones en sobornos. Los fiscales presentaron las evidencias encontradas en uno de los allanamientos, entre ellos una cotización a nombre de Pérez Molina que buscaba blindar su vehículo Jaguar XF por $23 mil.
El informe fiscal establece hasta el momento 88,000 escuchas telefónicas en las que varios miembros de la red mencionan a una mujer como “la 2”, “la señora”, y que según las autoridades se trata de Baldetti.
Hasta el momento las autoridades no han establecido la cantidad exacta del fraude, pero estiman que son varios millones de dólares. Las autoridades han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión.
La presencia de Baldetti en la Torre de Tribunales calentó la fría mañana en la capital de Guatemala que amaneció con mucho tráfico, menos en los alrededores de la Torre Tribunales, donde se desvió el tráfico y se generó un ambiente tenso por la llegada de la exvicepresidenta.
La primera vez fue en junio, lo hizo para pedir a un juez que le eliminara la orden de la congelación de bienes y cuentas bancarias tras ser acusada por actos de corrupción. Ahora lo hizo entre un dispositivo de seguridad de las Fuerzas Especiales de la Policía y el Sistema Penitenciario.
Ayer a la funcionaria se le veía demacrada y poco sonriente. Hasta para dirigirse al juez Miguel Ángel Gálvez lo hizo con un semblante serio y cortante.
La llegada de Baldetti fue a las 5:00 am para evitar a los periodistas o cualquier ataque de grupos de protestantes. Sin embargo, el dispositivo de policías antidisturbios y la presencia de periodistas en los alrededores del centro judicial, era suficiente evidencia para saber que alguien importante iba enfrentar a la justicia.
Baldetti no declaró ante el juez, se negó y sus abogados pidieron a las 2:30 de la tarde que se suspendiera la audiencia por cansancio y otras razones que no fueron detalladas.
Ayer durante la audiencia nunca salió la voz de Baldetti en todas las escuchas que se divulgaron por parte del Ministerio Público, pero sí, se corroboró que varios de los involucrados mencionaban en reiteradas ocasiones la “R”, la “2”, la “Mera Mera”. A juicio de los fiscales, los sobrenombres pertenecen a la exvicepresidenta.
Según la acusación de la fiscalía, tras un año de investigaciones se estableció que la ex vicepresidenta recibió el 50% de los sobornos que supuestamente recibía la estructura La Línea.
Ayer, Baldetti solo pasó al frente y corroboró sus datos personales que el juez Gálvez le preguntó. El juzgador leyó los derechos y las restricciones que tiene Baldetti como acusada, a lo que ella aceptó con movimientos de afirmación con su cabeza.
Baldetti no dio tampoco declaraciones a la prensa.
La audiencia fue reprogramada para hoy a las 8:30 am y se prevé que finalice en dos días. Mientras se espera el fallo, en Guatemala decenas de personas y sectores preparan una paro de labores y una serie de protestas para el jueves.
Anoche también trascendió que dos ministros del Ejecutivo renunciaron al puesto y elevaron a cinco el número de ministros que se apartan del cargo en los últimos tres días.
Los funcionarios que presentaron su dimisión ayer son el de Finanzas, Dorval Carías, y el de Comunicaciones, Víctor Corado, según confirmaron fuentes de la Presidencia.