El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina se abstuvo el sábado de presentarse ante la comisión del Congreso que le investiga en un caso de defraudación al fisco, pero en una declaración por escrito presentada por su abogado afirmó que las denuncias en su contra son “ilegítimas” y que no derivan en delitos.
En el informe leído en dicha comisión, el mandatario detalla que “la denuncia presentada por el Ministerio Público (la Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala resulta ilegítima” y “no aporta elementos de razonabilidad que deriven en delito alguno” ya que, a su juicio, está basada en especulaciones y apreciaciones subjetivas.
Asimismo, recordó que esta es la tercera vez que se solicita antejuicio en su contra y que, dado que la Corte Suprema ya ha rechazado en otra ocasión retirarle la inmunidad, no se puede volver a presentar dicha solicitud porque sería una doble persecución penal.
Por su parte, la comisión parlamentaria que investiga al presidente Otto Pérez Molina por delitos relacionados con un caso de defraudación al fisco guatemalteco pidió al Congreso que le retire la inmunidad al mandatario y celebre una sesión “urgente” del pleno para decidirlo.
Los cinco diputados que integran la comisión ”los oficialistas Mario Linares y Gloria Sánchez, Jorge Barrios Falla y Sergio Celis del Partido Líder, que en la actualidad apoya al presidente, y Nineth Montenegro, del partido opositor Encuentro por Guatemala, independiente” tomaron la decisión en forma unánime porque, según explicó Barrios, “existen indicios racionales y suficientes sobre la comisión de uno o varios delitos” por parte del presidente y es necesario que “sea puesto a disposición de la justicia común”.
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia iniciar los trámites de antejuicio contra Pérez Molina por considerar que existen indicios de una presunta participación suya en la red denominada “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos, desfalcando así al fisco por millones de dólares.
De prosperar las denuncias, el presidente podría ser acusado de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación tributaria.
En las dos ocasiones anteriores, una solicitud no prosperó mientras que la otra avanzó hasta que el pleno del Congreso decidió archivarla. Ahora una recomendación de la comisión parlamentaria en el sentido de retirarle la inmunidad al presidente tendría más fuerza, ya que esta vez detrás de ese informe estarían las peticiones de la Fiscalía y la Comisión contra la Impunidad que también solicitaron al mandatario que renuncie para evitar la ingobernabilidad del país.
Estas dos entidades solicitaron a la Corte Suprema de Justicia iniciar los trámites de antejuicio contra Pérez Molina por considerar que existen indicios de una presunta participación suya en la red denominada “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos, desfalcando así al fisco por millones de dólares.
Indicaron que en escuchas telefónicas interceptadas, varios miembros de la red de defraudación hacían alusiones a “el 1”, “el dueño de la finca”, y que era a éste a quién se le hacían llegar parte de los sobornos recaudados.
La fiscal Thelma Aldana dijo que, según esa evidencia, “hay altas probabilidades de que se refieran al señor presidente”.
Pero Pérez Molina insistió en su escrito del sábado que ha observado siempre “el juramento de fidelidad de la Constitución y sus leyes”.