Ayer las manifestaciones contra el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, acusado de dirigir una red de defraudación en la aduanas bajaron significativamente.
En la capital hubo mucho deporte, fútbol y muchos se dedicaron a practicar ejercicios en las zonas verdes. Sus centros comerciales se recibieron como siempre un gran número de guatemaltecos. Las calles lucieron muy solas y con poco tráfico.
El día estuvo marcado por los cierres de las campañas políticas, donde todos los partidos escogieron ciudades afuera de la capital. En la ciudad no hubo eventos políticos.
A pesar del constante llamado en las redes sociales de las convocatorias que hacen los grupos de protestantes, muchos no acudieron.
Únicamente un grupo de personas se mantuvo frente al Congreso y en la Plaza Central ondeaban banderas y gritando consignas en contra del gobernante Pérez Molina y los diputados.
La decisión de los cinco diputados que formaron una comisión para valorar un antejuicio contra el mandatario, encendió los ánimos de todos los protestantes que por 20 sábados consecutivos, se han concentrado en la Plaza Central para pedir la destitución del presidente y una reforma a la Ley de Partidos Políticos.
A las manifestaciones de ayer asistieron muchos padres de familia que acompañaron a sus hijos para protestar contra el gobierno. Los niños tapizaron con carteles las paredes de la fachada del Congreso.
Mientras, el futuro legal del presidente Pérez Molina está en manos de los diputados. Para este martes está programada la plenaria donde revisarán si el mandatario pierde su inmunidad para que sea juzgado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
Sin embargo, la sesión se podría adelantar para mañana por la emergencia del caso.
Los jefes de bloques de los partidos políticos acordaron reunirse hoy a las 9:00 de la mañana para conocer el contenido del informe de la comisión pesquisidora, que recomendó retirar la inmunidad a Pérez Molina.
Periódicos locales informaron que las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos, Encuentro por Guatemala, Winaq y URNG, CREO-Unionistas y los diputados independientes Emmanuel Seidner y Jesús Ralda suman en conjunto 46 diputados que están a favor que el presidente pierda su derecho de antejuicio. Pero las posturas de las bancadas mayoritarias Lider y Partido Patriota (PP) son inciertas y éstas podría detener el proceso de antejuicio.
Las reuniones estarán marcadas por una presión popular frente al Congreso para exigir el antejuicio.
Desde el sábado en las redes sociales surgió el movimiento a través de las etiquetas #ExijoMis105Votos o #Exijo105votos, que alude el número de votos que permite dar con lugar el antejuicio.
El Ministerio Público y la Cicig acusaron el pasado viernes 21 de agosto a Pérez Molina de liderar la red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”, junto con su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), en prisión desde entonces a la espera que un juez decida si hay motivos para enjuiciarla.
Con toda esta coyuntura, las elecciones se llevarán a cabo, a pesar de la demanda ciudadana que grita, desde el pasado mes de abril, que “en estas condiciones no queremos elecciones” y que es necesario que el presidente dimita ya.
Al clamor de la calle en favor de la renuncia de Pérez se sumaron en los últimos días la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas. Antes, la cúpula empresarial había pedido la dimisión del presidente.
Mientras tanto, y aferrado al poder pese a la oleada de exigencias nacionales para que dimita y enfrente a la justicia, las opciones del gobernante se limitan a esperar el fallo legislativo, aceptar renunciar y correr el riesgo de quedar preso casi de inmediato, intentar atarse a una inmunidad en el Parlamento Centroamericano o explorar la vía de un exilio. Sin embargo, esa ruta, por el momento y salvo que ocurra una asonada militar, parece descartada.
Para el próximo domingo, el Tribunal Supremo Electoral habilitó a aproximadamente 7,7 millones de guatemaltecos para elegir a su presidente y vicepresidente por los próximos cuatro años, además de 158 diputados, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales.