TEGUCIGALPA. Un juez dictó arresto domiciliario y fianzas millonarias a la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, y a otras 15 personas por venta irregular de medicamentos, un caso que ha sacudido al país y llevado a miles de personas a las calles para protestar contra la corrupción en Honduras.
El Ministerio Público, que exige que los encausados se defiendan en la cárcel, anunció que apelará la determinación.
Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.
La Corte sancionó a Gutiérrez, de 38 años e ingeniera civil de profesión, impuso una fianza de 1 millón de dólares que renovará cada año cuando el juez así lo ordene.
Impuso a Marco Tulio Gutiérrez arresto domiciliario y una fianza de 1.5 millones de dólares, mientras que a Ginnette, hermana embarazada de la congresista, le otorgó permiso para realizar visitas médicas en el país o el extranjero. Sin embargo, pagará fianza de 1 millón de dólares al igual que su hermano menor, Julio César.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, es el juez designado a conocer el caso por el máximo tribunal. La resolución la dictó Rivera a la medianoche del viernes tras seis horas de deliberaciones.
La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional. Gutiérrez también era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández dirigía la cámara legislativa.
Las autoridades ordenaron el arresto domiciliario de ella y su familia, y de un grupo de sus socios, en momentos en que miles de manifestantes mantienen protestas callejeras contra la corrupción e incluso hacen llamados a la renuncia del presidente.
El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de $100 millones.
Apelarán la decisión
Por su parte, el Ministerio Público de Honduras advirtió ayer que apelará la decisión del juez que dictó medidas sustitutivas de prisión y millonarias fianzas contra los 16 acusados de presunto fraude contra el Estado.
“Respetamos pero no compartimos la determinación de la Corte Suprema de Justicia por intermedio del juez natural (…) de dejar en libertad y emitir resolución judicial en la cual aplica medidas sustitutivas de la prisión preventiva a los imputados”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Añade que “existen suficientes indicios que acreditan el peligro a las fuentes de prueba, la obstrucción a la justicia, el peligro de fuga y los graves daños y perjuicios a la salud de la población hondureña”, por el caso, que está asociado a una venta fraudulenta de medicinas a la Secretaría de Salud.
Añade que “existen suficientes indicios que acreditan el peligro a las fuentes de prueba, la obstrucción a la justicia, el peligro de fuga y los graves daños y perjuicios a la salud de la población hondureña”, por el caso, que está asociado a una venta fraudulenta de medicinas a la Secretaría de Salud. —AGENCIAS