AUSTIN. El Gobierno de Estados Unidos presentó ayer a los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, uno de los más conservadores del país, sus argumentos para poder implementar las medidas migratorias y regularizar a cerca de cinco millones de indocumentados.
Esta iniciativa del presidente estadounidense, Barack Obama, fue bloqueada el 16 de febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen y desde entonces, el Gobierno se ha abocado a una batalla legal que tuvo hoy, por el momento, su último episodio.
Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentaron ante los tres jueces del tribunal, los conservadores Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith y la progresista Carolyn Dineen King, que la Constitución ampara las medidas que Obama pretende impulsar.
Por su lado, el estado de Texas, que encabeza una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos y opuestos a la regularización de indocumentados, pidió a los jueces que mantengan la suspensión dictada por Hanen, decisión que forzaría el traslado del caso al Tribunal Supremo.
“Cuando los estados operan en el ámbito de la política migratoria, están operando en un campo cuyas competencias son exclusivamente federales”, argumentó Benjamin Mizer por parte del Gobierno, al cuestionar la legitimidad de la coalición opositora para poner en duda la legalidad de la regularización.
“Texas cree que puede arrastrar al Gobierno a los tribunales y evitar que se realicen cambios en la política migratoria”, agregó el letrado.
Scott Keller, abogado de la Procuraduría General de Texas y representante de la coalición opositora, respondió a Mizer: “No estamos tratando de bloquear las competencias federales. Todo lo contrario, queremos que el Ejecutivo respete las competencias del Congreso”.