La financiación de los partidos políticos en Guatemala, un tema de debate desde tiempos inmemoriales, ha visto hoy un poco más de luz con la presentación de un informe que asegura que está dominada por los actos de corrupción y por las estructuras del crimen organizado, como el narcotráfico.
Esta fue una de las conclusiones de un estudio académico presentado este jueves por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU creado en 2007 con el fin de desarticular estructuras clandestinas en el Estado.
El comisionado, el abogado colombiano Iván Velásquez, fue el encargado de dar a conocer los resultados, cuyo fin es evidenciar la relación entre “el dinero y la política” para poder auspiciar el momento oportuno de la creación de reformas en un sistema que urge “un profundo cambio”.
La financiación de los partidos, que se puede realizar desde el ámbito público o privado, está caracterizada en Guatemala por la opacidad y la ilegalidad, ya que las infiltraciones de dinero proceden de estructuras variopintas cuyo fin es común y compartido: buscar el enriquecimiento propio.
En esta situación de la financiación privada el crimen organizado y las redes político-económicas ilícitas, lideradas por el poder regional y local, sobre todo alcaldes y diputados departamentales, son dos factores imprescindibles para entender esta coyuntura.
“Está el crimen organizado directamente vinculado. Son estructuras dedicadas al narcotráfico que han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales”, dijo Velásquez.
Como ejemplo de estos extremos, el letrado colombiano hizo referencia a tres casos conocidos en Guatemala. El primero el de Gustavo Alejos, quien durante el gobierno de Álvaro Colom (2007-2011), de la formación Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ejerció como “recaudador” de las redes de financiación.
Según explicó Velásquez, benefició a las empresas con contrataciones públicas y también a su padre y hermano para posicionarlos como diputados departamentales.
En este mismo sentido habló sobre la entonces cuñada de Colom Gloria Torres, una de las fundadoras de la UNE, quien ya fue investigada y acusada de lavado de dinero por la construcción de una red de entidades que recibía fondos ilícitos de estructuras locales.
También hizo referencia al caso de Obdulio Solórzano Montepeque, financista de la UNE y diputado por el departamento de Escuintla durante ese gobierno.
Solórzano, durante su Presidencia del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), favoreció “con contratos de obra pública y posiciones administrativas” a la estructura del narcotraficante Otoniel Turcios, extraditado a Estados Unidos en 2010.
Velásquez ve un riesgo para el orden social del país que las personas que concentran el poder económico posean también el político.
Esta particularidad, indicó, provoca que la política se organice entorno “a personas y no a proyectos” y favorece el transfuguismo político, además de que convierte a Guatemala en un país “propicio” para cometer delitos electorales “sin ninguna consecuencia”.
A su juicio, el país carece de “una cultura de denuncia” de delitos electorales, lo que provoca que existan “muy, muy altos niveles de impunidad”.
Argumentó este extremo asegurando que, según datos del Ministerio Público y el Organismo Judicial, en los últimos dos procesos electorales, de 2007 y 2011, solo se presentaron 326 denuncias electorales lo que, aseveró, revela que existe al menos un 95 % de “impunidad electoral”.
Otro de los factores claves en Guatemala son las campañas electorales, que concentran gastos “excesivos y desproporcionados”.
Durante la campaña para las elecciones generales de 2011, tres partidos guatemaltecos, incluido el Partido Patriota (PP), ahora en el poder, superaron el techo de gasto.
Las otras organizaciones políticas que se excedieron en el gasto, además del PP, fueron Libertad Democrática Renovada (Líder), principal de opositor, y la coalición UNE-GANA.
De acuerdo a la ley guatemalteca, los partidos pueden gastar hasta 50 millones de quetzales (6.53 millones de dólares) durante los cuatro meses que dura formalmente la campaña proselitista.
No obstante, Velásquez aseguró que la normativa actual para vigilar este extremo es muy débil, ya que se basa en los informes que los propios partidos presentan, por lo que abogó para que se reduzca tanto el período que dura la campaña proselitista como la cantidad de dinero que se puede gastar en ella.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las elecciones generales de 2011, más de 300 millones de quetzales (39.21 millones de dólares) no fueron reportados a este organismo como gastos de campaña.
Esta práctica “sistemática y recurrente” de financiación irregular provoca un aumento del empobrecimiento de la población y una unificación de la corrupción a través de una amalgama de intereses compartidos que muchas veces encuentran en los medios de comunicación el vehículo para sus propagandas.
Ante esta situación, la CICIG manifiesta que el tema de la financiación debe ser el “asunto central” de cualquier democracia e insta a Guatemala a reducir el gasto en las campañas electorales, que son “excesivos y desproporcionados”
“El financiamiento privado debe reducirse a una mínima expresión, que no supere el 20 por ciento del total”, sentenció Velásquez.