Investigan a Lula por ayudar a Odebrecht a ganar contratos

BRASILIA. Según el diario Folha de Sao Paulo, la Fiscalía brasileña abrió una investigación judicial para aclarar si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) incurrió en un delito de tráfico de influencias, entre los años 2011 y 2014, a favor de una de las principales empresas constructoras del país, Odebrecht.
“Está bajo investigación un posible tráfico de influencia del expresidente Lula junto a dirigentes de otros países a favor de la constructora Odebrecht”, dijo una funcionaria de prensa del Ministerio Público Federal (MPF) en Brasilia.
El fiscal dilucidará si el exmandatario usó su influencia internacional para favorecer los negocios de esta empresa a base de viajar a países como Venezuela, Cuba o República Dominicana, pagado por Odebrecht, en teoría solo para dar conferencias y participar en actos, y en la práctica para influir también en los gobiernos de estos países para que otorgaran contratos a la constructora. 
Un reportaje de la revista Época, publicado en mayo, indicó que varios de esos millonarios contratos eran financiados por el banco brasileño de fomento BNDES (estatal), donde Lula habría interferido para facilitar el acceso a los créditos.
Estas prácticas podrían constituir delitos de tráfico de influencias dentro de Brasil y tráfico de influencias en transacción comercial internacional. La fiscalía, pues, deberá probar que Lula influía para obtener los contratos y que su partido, el Partido de los Trabajadores, el mismo que el del Gobierno de Dilma Rousseff, influía para que el banco otorgara los créditos.
Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, está en prisión desde el 19 de junio bajo sospecha de participar de una red de desvíos en la petrolera brasileña Petrobras, que le habría costado a la estatal unos 2,000 millones de dólares.
Él está acusado de sobornar a altos cargos de la empresa Petrobras para lograr contratos para su empresa.
Según antecedentes de la investigación en curso sobre este caso, la trama de corrupción involucra a exejecutivos de Petrobras, empresarios y políticos que se habrían coludido para amañar contratos con la estatal gracias al pago de sobornos que, a su vez, engrosaron fortunas personales y financiaron a partidos políticos.
El oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por Lula aparece actualmente como uno de los más involucrados en este caso.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.
Otra empresa investigada en el caso Petrobras es Intertechne, contratada por CEL para hacer dos diseños de la represa.
Lula siempre ha negado las acusaciones, amparándose, sobre todo, en una suerte de venganza política contra él y su partido por parte de los medios.
El mismo día en que la sociedad conocía la denuncia contra Lula saltaba otro escándalo. Uno de los altos cargos de empresas constructoras envueltos en el escándalo de Petrobras, el consultor Julio Camargo, ha asegurado, según el diario O Globo, ante el juez que investiga el asunto, que el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, –también involucrado en la trama– le presionó para que pagara cinco millones de dólares a fin de conseguir contratos de construcción de determinadas obras de la petrolera estatal. 
Camargo asegura que Cunha se dirigió a él con “agresividad” asegurando que él estaba al frente de los votos “de 260 diputados”. Según Camargo, los cinco millones de dólares fueron pagados por intermediación del experto en lavar dinero, Alberto Yousseff, también detenido. Cunha ha asegurado que todo es mentira: “Nunca hablé con él de nada de eso, no sé nada de eso. Él lo tiene que probar. Todo es falso”.
Ni el exgobernante ni su sucesora y heredera política, Dilma Rousseff, han sido acusados en el marco de este caso.
El Instituto Lula, que ejerce las labores de portavoz del expresidente, ha manifestado, poco después de enterarse de la noticia, que se siente “sorprendido” por la decisión. Sobre todo, añade el instituto, porque entregó la documentación solicitada hace solo una semana, con lo que sospechan que la Fiscalía no ha tenido tiempo de analizarla al detalle.