Fiscalía de Guatemala investigará financiamiento de los partidos políticos

El Ministerio Público retomará el informe de la CICIG que concluyó que la corrupción es la principal fuente de financiamiento de la clase política

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elsalvador.com

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2015-07-21 5:41:00

GUATEMALA  El ministerio Público de Guatemala retomará el informe sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el cual reveló que el narcotráfico y la corrupción son una fuente de ingresos para la clase política en esa nación.
 La Fiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, informó ayer que designará un fiscal especial para que retome el informe e investigue de dónde obtienen los recursos los institutos políticos.
Aldana, refirió que el nuevo fiscal especial indagará sobre 14 casos sobre el financiamiento de partidos políticos que se agenciaron de  recursos del Estado por corrupción y del crimen organizado. De igual forma, sobre los señalamientos de narcotráfico dos casos fueron remitidos a la Fiscalía contra el Narcotráfico, de acuerdo a la edición digital de Prensa Libre.
La Fiscal General también anunció también que fortalecerá la Fiscalía de Delitos Electorales ya que a la fecha han ingresado 180 denunciadas relacionadas a los supuestos ilícitos.
Revelador estudio
La Cicig sigue dando golpes a las estructuras de corrupción enquistadas en el gobierno guatemalteco y con gran expectativa se esperaba el informe del financiamiento de los partidos políticos revelado el jueves pasado por el director de la entidad, el colombiano Iván Velásquez.
Entre los principales hallazgos, la Cicig encontró que el narcotráfico y las estructuras de tráfico de influencia dentro del gobierno son parte sustancial del financiamiento de muchos políticos a nivel nacional.
También citó el fenómeno de los “partidos franquicia” que son creados cada elección y que luego se “venden” al mejor postor para servir como vehículo electoral.
La Cicig ha destapado en las últimas semanas, relevantes casos de tráfico de influencias en el actual gobierno, lo cual ha llevado al banquillo de los acusados a prominentes funcionarios, como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti o el ex secretario privado y yerno del presidente, Gustavo Martínez, acusado de integrar una red que se lucraba con contratos a otras empresas.
Toda esta situación ha provocado masivas protestas de la sociedad guatemalteca exigiendo cambios en el gobierno y en las leyes electorales, la última de ellas tuvo lugar el sábado pasado.
Al respecto, el abogado guatemalteco Frank La Rue, ex relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, manifestó ayer su satisfacción por la unidad de la población de su país en contra de la corrupción y catalogó esa solidaridad como un fenómeno “nuevo en Guatemala”. 
“Cuando habían marchas en el pasado, los movimientos sociales eran vistos como acciones de izquierda. Hoy no. Hoy se ven como las acciones de un pueblo”, aseguró La Rue.
“En las manifestaciones se ve a todos los sectores de un pueblo. Hay gente de izquierda y gente de derecha, todos indignados por la corrupción, buscando honestidad y transparencia”, añadió el exrelator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión (2008-2014). 
“La situación de Guatemala me inspira dos sentimientos”, advirtió La Rue. 
“Por un lado es una situación muy crítica porque refleja la crisis de gobernabilidad y el deterioro de la institucionalidad del Estado, con la penetración descarada de la corrupción”, explicó y por el otro optimismo.
“Me alegra muchísimo ver que el pueblo de Guatemala ha manifestado su indignación. Los políticos deben entender que los pueblos tienen un límite con su paciencia”, aseveró el diplomático.