BRASILIA. El Ministerio Público inició un proceso disciplinario contra el fiscal que abrió una investigación para determinar si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva incurrió en el delito de tráfico de influencias para favorecer a una constructora.
La investigación disciplinaria contra el fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, procurador del Ministerio Público en Brasilia, fue abierta ante la petición de los abogados de Lula para que se anule la decisión del funcionario y se le investigue por supuestas irregularidades.
Según la defensa del exgobernante, el fiscal abrió una investigación contra Lula “sin ningún indicio de crimen” y violando las propias normas del propio Ministerio Público por haber interferido en un procedimiento preliminar que era conducido por otro fiscal.
Igualmente, agregó la defensa, por ignorar los plazos e instancias del organismo y por no haber tenido en cuenta los alegatos presentados por la defensa del exmandatario.
Ante tales acusaciones, el Ministerio Público (fiscalía) determinó que el órgano corregidor del organismo adelante un proceso disciplinario para determinar la legalidad de la conducta del referido fiscal, según un comunicado de la Fiscalía.
El corregidor del Ministerio Público, sin embargo, se abstuvo de suspender el proceso abierto contra Lula por considerar que sus atribuciones son únicamente disciplinarias.
El exmandatario es investigado por supuestamente haber influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de haber concluido su mandato, para que le concediera créditos a la constructora Odebrecht destinados a la financiación de obras en países latinoamericanos y africanos.
Según la Fiscalía, tras dejar la Presidencia en enero de 2011, Lula realizó viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht.
El caso fue destapado en mayo pasado por la revista Época, según la cual Odebrecht recibió del BNDES créditos por cerca de 4,1 millones de dólares para obras en República Dominicana, Venezuela, Cuba y Ghana.
La investigación podría desembocar en un juicio a Lula, que se celebraría en el ámbito de la justicia federal ordinaria puesto que el Lula, al no ocupar ningún cargo político, no está aforado.