GUATEMALA. La Corte Suprema de Justicia retiró ayer la inmunidad a tres diputados opositores acusados de actos de corrupción.
Se retiró la inmunidad a los diputados Mario Gerardo Yanes Guerra, Luis Adolfo Chávez Pérez y Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), anunció el magistrado Rafael Rojas en conferencia de prensa. Están acusados de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
La fiscalía junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitaron el retiro de la inmunidad de los legisladores a quienes presuntamente se captó en video y audios cuando solicitaban plazas, comisiones y otros beneficios a funcionarios públicos a cambio de no entorpecer su labor.
Desde el pasado 16 de abril las autoridades han dado a conocer y denunciado varios escándalos de corrupción que le costaron varios millones de dólares al erario nacional.
La Comisión, un organismo de la ONU que investiga grupos paralelos y de seguridad en el Estado, ha desatado una ola de denuncias de hechos de corrupción que ha alcanzado altas esferas del gobierno de Otto Pérez Molina.
El escándalo de corrupción más grande es el desfalco al fisco guatemalteco a través de una red denomina La línea, integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
Según las autoridades, La línea estaba dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, quien ha negado cualquier implicación pero tuvo que renunciar al cargo luego de verse vinculada al caso.
Otro de los escándalos más sonados es el de Gustavo Martínez, yerno del presidente, quién está preso por el delito de tráfico de influencias.
Según las autoridades, Martínez recibió hasta 120,000 dólares de la empresa generadora de energía Jaguar Energy para lograr beneficios a favor de la empresa para que está operara sin problemas. Las autoridades dicen que incluso llegó a arreglar citas con el mandatario y personeros de la empresa en beneficio de esta.
Desde hace tres meses, miles de guatemaltecos han salido a las calles para exigir cambios en el sistema político del país y la renuncia del presidente Pérez Molina.
La fiscal general Thelma Aldana y el presidente de la comisión contra la impunidad, Iván Velásquez, quienes han recibido algunos ataques de políticos, especialmente del partido Líder por las investigaciones en su contra.
La Corte Suprema aún debe resolver un antejuicio solicitado contra Edgar Baltazar Barquín Durán, candidato a vicepresidente por el partido Líder, a quien se acusa de asociación ilícita y tráfico de influencias, por presuntamente haber alertado a una red de lavado de dinero sobre una investigación en curso contra ellos cuando fungió como presidente de la Junta Directiva del Banco de Guatemala.
Ayer la Corte también rechazó un antejuicio solicitado contra Aldana, a quien se acusaba de secuestrar documentos que eran parte de una investigación. La Corte dijo que la ley facultaba a la fiscal para tomar esas medidas.