WASHINGTON. La secretaria de Estado adjunta de EE. UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, advirtió ayer que el Congreso podría reducir sustancialmente los 1,000 millones de dólares solicitados por el gobierno estadounidense para Centroamérica, y que eso sería “una receta para el desastre”.
“Temo que el Congreso vaya a devolvernos sólo la parte de fondos para seguridad y a decir que todo lo demás no lo aprueba, porque está relacionado con la construcción de esas naciones” y el fortalecimiento de sus democracias, dijo Jacobson en una conferencia en el centro de estudios Wilson Center.
“Eso es una receta para el desastre, porque no podemos centrarnos solo en la seguridad”, agregó la funcionaria.
Jacobson aseguró que seguirá tratando de convencer al Congreso de que todos los aspectos de la estrategia estadounidense son importantes, incluidos los fondos para el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, impulsado por los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Argumentó que incluso si el Congreso valora únicamente el factor del costo financiero, “es más caro” no invertir en Centroamérica, porque pueden generarse crisis como la de los miles de menores indocumentados que cruzaron el año pasado la frontera sur de EE. UU. y obligaron a gastar millones de dólares en sus procesos judiciales.
Jacobson opinó que, en los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, hay “voluntad política” para acometer los cambios estructurales que se necesitan, pero eso “tiene que mantenerse a lo largo del tiempo”.
Recordó el caso colombiano, donde el Plan Colombia de asistencia estadounidense “no empezó a ser calificado como éxito hasta que llevaba ya unos siete años activo”.
“En Centroamérica, si nos preguntamos si las instituciones son transparentes, si son resistentes ante las amenazas (del crimen organizado), la respuesta por ahora es un no, todavía no lo son. Por eso hemos pedido fondos al Congreso”, subrayó Jacobson.
Al presentar en febrero su proyecto presupuestario, la Casa Blanca precisó que la solicitud incluirá $400 millones para promover el comercio y la generación de empleos, $300 millones para combatir el crimen organizado y el resto para el fortalecimiento de las instituciones centroamericanas principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Los líderes de los tres países centroamericanos calculan que un plan integral tendría un costo de $5,000 millones a cinco años a partir de 2016.
La solicitud de fondos para América Central es casi la mitad de los $1,900 millones que el Gobierno estadounidense pidió en febrero al Congreso para América Latina durante el año fiscal 2016.
Congresistas de ambos partidos han pedido al gobierno estadounidense más información sobre el compromiso de los gobiernos centroamericanos a adoptar reformas antes de considerar la solicitud.
Preguntada por el caso concreto de la relación con Nicaragua, Jacobson reconoció que EE. UU. “no se siente tan cómodo trabajando” con ese país debido a las fuertes diferencias ideológicas.
“Nicaragua supone un verdadero dilema para nosotros porque, aunque claramente hay algunas cosas que están haciendo bien en materia de seguridad, si un país autoritario, que no tiene una democracia vibrante, no puede controlar la seguridad, sería un fracaso como país autoritario. Es más fácil controlarla cuando dominas todas las ramas del poder”, sostuvo.
—AGENCIAS.