GUATEMALA. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, solicitó ayer a la Corte de Constitucionalidad un amparo para protegerse de una resolución de la Corte Suprema de Justicia que permitirá al Congreso evaluar el retiro de la inmunidad que lo resguarda.
“Comparezco respetuosamente ante este Tribunal con el objeto de interponer amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene parte del documento.
Esta postura sucede después de que la CSJ resolviera dar trámite a una denuncia interpuesta contra el mandatario por el diputado opositor Amílcar Pop, en la que vincula a Pérez Molina con dos casos de corrupción estatal: uno en el ente recaudador de impuestos y otro en el Seguro Social del país.
En el documento, Pérez Molina denuncia “violaciones constitucionales” en el proceso, que argumenta a través de la violación al proceso legal, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad.
Según el escrito, al decisión del Supremo se produce de manera “precipitada, sin mayor razonamiento jurídico o motivación en su resolución”.
Más temprano, Pérez Molina defendió su inocencia en la que fue su primera comparecencia pública tras conocer la resolución del Supremo, y reiteró que no renunciaría al cargo porque no tiene responsabilidad en las decisiones adoptadas en los dos entes involucrados en casos de corrupción.
Agregó que autorizaba al Congreso a decidir si le retira la inmunidad.
“No hay ninguna vinculación y tampoco hay ninguna línea jerárquica entre las decisiones de la junta directiva (del Seguro Social) y las decisiones del presidente” de la República, afirmó Pérez Molina, quien dijo estar “tranquilo” porque las decisiones de los dos entes involucrados en corruptelas son independientes.
Para finalizar su mandato, que expira el próximo 14 de enero de 2016, el mandatario mostró su disposición para enfrentar todos los procesos que surjan en su contra.
“Yo como presidente no tengo nada que ver. No tengo ninguna responsabilidad”, incidió, y apostilló que intentar vincular las decisiones de los dos entes a su persona “está fuera de cualquier lógica”.
Pérez Molina reconoció que su único cometido con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue nombrar a sus directivos porque así lo establece la Constitución.
De no hacerlo, estaría incurriendo “en incumplimiento de deberes”, zanjó el mandatario, que abandonó rápidamente el Ministerio de Gobernación (Interior) nada más finalizar su intervención, sin esperar a que su ministra, Eunice Mendizábal, aportara datos sobre la reunión mantenida ayer con varios cargos policiales.
Horas antes, el presidente del Congreso, Luis Armando Rabbé, había anunciado que la Comisión Permanente del ente Legislativo, que se encuentra en receso desde el pasado 15 de mayo, convocó a sus diputados para celebrar una sesión plenaria extraordinaria hoy viernes.
En dicha sesión, que está previsto que empiece a las 2:00 p.m. hora local, los diputados deberán elegir, por sorteo, a los miembros de la comisión investigadora que deberá decidir si hay o no hay indicios suficientes para retirarle la inmunidad al mandatario.
Los dos casos de corrupción, “La Línea” e “IGSS-Pisa”, ya propiciaron la renuncia de Roxana Baldetti, vicepresidenta del país hasta el 8 de mayo, y una renovación parcial en el Ejecutivo del Gobierno.
Por ambos casos, desarticulados por la Fiscalía guatemalteca y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre funcionarios, particulares y personas cercanas al mandatario.
La presión social en contra del presidente no cesa y los ciudadanos tienen convocada para este sábado una nueva manifestación en la que volverán a exigir su dimisión, así como una lucha conjunta de todos los sectores para acabar con la corrupción y la impunidad en el país. —AGENCIAS.