GUATEMALA. La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó un amparo a favor del presidente Otto Pérez Molina y frenó el proceso que se sigue contra el mandatario para establecer si se le retira o no la inmunidad por su supuesta relación con dos casos de corrupción.
La resolución de la corte no fue unánime, de cinco magistrados dos votaron en contra argumentando que no ameritaba otorgar el amparo.
Para el abogado Alexander Aizenstatd, especialista en temas constitucionales, el efecto que produce el amparo provisional es detener todo el proceso de antejuicio iniciado contra Pérez Molina.
Ante el máximo ente constitucional, la abogada Karen Fischer dijo la semana pasada que actuó a título personal, mencionó que solicitó a la CC el amparo para frenar el proceso de antejuicio contra el presidente.
Fischer afirmó que el trámite de antejuicio violó la Constitución, puesto que no se siguieron los pasos legales para enviar la denuncia interpuesta por el diputado de Winaq Amílcar Pop a la CSJ y posteriormente al Congreso.
“Yo no estoy prejuzgando si el presidente es o no culpable. Simplemente quiero que se respete nuestra Carta Magna”, sostuvo la letrada y también notaria, y mostró su preocupación por un proceso que dice va “a la velocidad de la luz” y sobre el que presume que se ocultan otros intereses.
Fisher es una abogada que en años anteriores ha sido funcionaria pública.
El legislador acusó al presidente de cuatro delitos relacionados con los dos escándalos millonarios de corrupción, desarticulados por las autoridades en los últimos dos meses y que provocaron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti en mayo pasado.
Por ambos casos hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre los que se cuentan funcionarios y particulares, incluido el exsecretario general de Pérez Molina y presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez.
Más tarde, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, criticó ayer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no investigara la solicitud de antejuicio en su contra y volvió a reiterar que es inocente.
A preguntas de los periodistas, Pérez Molina explicó porque no acudió ayer ante la comisión del Congreso que investiga si hay indicios para retirarle la inmunidad y aseguró que tenía tres alternativas amparado por la ley y que eligió no ir.
Así, entregó un informe que a su juicio “recoge los elementos más importantes”, y según el análisis de sus abogados la CSJ “no cumplió” con el procedimiento establecido por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Pérez Molina indicó que el Supremo “no un simple gestionador o trasladador de documentos” y que debería haber hecho una investigación sobre los fundamentos que el diputado opositor Amílcar Pop argumenta en su denuncia.
En este sentido, el mandatario guatemalteco manifestó que si hubiera existido ese análisis se hubieran dado cuenta de que la denuncia es “un error”, que algunos dirían que es de forma, pero que, a su juicio, es un “error fundamental”.
Pérez Molina volvió a insistir en su inocencia y aseguró que no hay argumentos ni pruebas en su contra, ya que la denuncia, agregó, está basada en suposiciones, por lo que la calificó de “política, espuria o ilegítima”.
“No tiene ningún sustento. Ni tiene argumentos sólidos para que esto se dé”, proclamó, y añadió que así se explica en el informe que entregó al Congreso, en manos del letrado Carlos Alvarado.
La acusación contra Pérez Molina por cuatro delitos fue planteada por el diputado opositor Amílcar Pop, y posteriormente avalada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del Organismo Legislativo.
La denuncia de Pop vincula al gobernante con dos escándalos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La comisión estaba presidida por Baudilio Hichos, diputado del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), además de Hugo Fernando García Gudiel y Juan Chuy Chanchavac (también de Líder), y los vocales Mario Santiago Linares (Partido Patriota) y Hugo Morán Tobar (Partido Creo).
Renuncia
Antes de conocer el informe de Pérez Molina, el presidente de la comisión, el diputado opositor Baudilio Hichos, renunció al ente investigador después de que el pasado miércoles las autoridades guatemaltecas lo acusaran de participar en la adjudicación anómala de dos contratos relacionados con la construcción de una clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el departamento de Chiquimula.
El legislador, que había sido designado para presidir la comisión mediante un sorteo, explicó que dimitió para asumir “con responsabilidad” y “la frente en alto” la denuncia impuesta en su contra, y añadió que la misma “quedará aclarada en su momento”.
El diputado goza de inmunidad en su cargo y debido a ello su imputación primero tendrá que ser avalada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y posteriormente por el Congreso de Guatemala. —AGENCIAS.