Cuando decenas de miles de familias migrantes, principalmente centroamericanas, cruzaron el río Bravo a mediados del año pasado, el gobierno estadounidense invirtió millones de dólares en dos grandes centros de detención para mujeres y niños, así como en medidas para impedir que entraran más al país.
Pero a medida que amplía los centros en previsión de una nueva oleada de arribos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrenta demandas políticas y legales que podrían obligarlo a cerrarlos. Y el nuevo flujo de migrantes plantea el interrogante de si la estrategia ha servido para disuadir a los migrantes.
Uno de los centros, construido con ese fin, está en un campo de 20 hectáreas (50 acres) en Dilley, al suroeste de San Antonio. El otro, más pequeño, está rodeado de grúas en Karnes City. En total pueden alojar a 4,300 personas, apenas una fracción de los que entran, lo cual le deja al ICE escasas opciones aparte de dejarlos en libertad con la orden de comparecer ante una corte, como hizo en el pasado.
Unos 130 legisladores y 33 senadores demócratas han pedido al gobierno que deje de detener a las familias, en tanto una jueza federal en California falló de manera tentativa que la política viola un acuerdo judicial de hace 18 años según el cual no se puede detener a los menores. ICE prometió mejorar los centros mientras aguarda el fallo definitivo.
“Avanzamos en la dirección de cerrar estos centros”, dijo Jonathan Ryan, director ejecutivo del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes.
En abril, la jueza Dolly Gee sostuvo en un fallo tentativo que la detención de familias viola un acuerdo judicial en el caso Flores V. Meese de 1997, según el cual los niños deben ser entregados solamente a familias adoptivas, parientes o bien en ambientes lo menos restrictivos que sea posible en instalaciones autorizadas a cuidar menores.
Gee mantuvo su fallo en secreto y en suspenso para que el gobierno y los abogados de los inmigrantes intenten negociar una solución para mediados de junio. Pero según Carlos Holguín, un abogado del Centro por los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional en California, Gee aceptó que el acuerdo regía para todos los menores detenidos por las autoridades de inmigración, incluso aquellos que viajaban con un padre, y determinó que los nuevos centros de detención no estaban autorizados a alojar niños.
La directora de ICE, Sarah Saldaña, respondió a la corte que la agencia revisará los casos de familias detenidas durante más de 90 días, aumentaría la supervisión y estudiaría cómo mejorar las condiciones. “Comprendemos la naturaleza singular y delicada de la detención de familias”, dijo.