TEGUCIGALPA. Los casos de corrupción y crímenes de alto impacto, cuyos avances investiga una comisión multipartidaria del Congreso Nacional, ocurrieron durante los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y la mayoría de ellos están impunes, publicó el diario hondureño La Prensa en su portal.
Según el medio se trataría de unos 12 expedientes que en los últimos 9 años estuvieron engavetados por el Ministerio Público, con excepción del más reciente escándalo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
Recientemente, la junta directiva del Congreso, en un intento por acallar los señalamientos de la oposición contra el Partido Nacional en el sentido de haber recibido fondos de empresas fantasmas que participaron en el latrocinio ( hurto, robo o fraude de los intereses de los demás) del IHSS, pretende revivirlos para llevar a sus presuntos implicados a la cárcel.
Con ese objetivo se creó una comisión interparlamentaria para que investigara ese asunto, pero que también incluyera otros sonados escándalos de corrupción.
De todos los hechos investigados, el que mayor repercusión ha tenido es el saqueo del Seguro Social durante la gestión de Mario Roberto Zelaya, que dejó a esa institución al borde del colapso financiero.
Según el Ministerio Público, el latrocinio de los dineros del IHSS se calculó en más de 2,500 millones de lempiras ($113.896,296), que fueron sustraídos a través de empresas de maletín. En las últimas semanas trascendió que el partido de gobierno recibió al menos 1.5 millones de lempiras (unos $45,558.10) en contribuciones provenientes del dinero del Seguro Social.
El otro caso que se busca revivir es el famoso “carretillazo”, mediante el cual se sustrajeron 40 millones de lempiras ($1.822,320) de la bóveda del Banco Central de Honduras para el fracasado proyecto de la cuarta urna que impulsó el expresidente Manuel Zelaya.
En este caso, también se incluye el derroche de millonarios recursos a través de supuestas partidas de publicidad para el mismo proyecto. Por este escándalo únicamente se encuentra enjuiciado el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.
Se estima que en la cuarta urna se despilfarraron alrededor de 5,000 millones de lempiras ($227.792,963) del erario nacional.
En ese orden le siguen el escándalo del famoso jet Grumman, que, según las más recientes revelaciones, venía dirigido a un exfuncionario del expresidente Zelaya como un regalo del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.
Además, la comisión interpartidaria pidió un informe de las investigaciones de tráfico gris en la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el pago de sobornos de Latinnode a altos funcionarios de la administración zelayista.
El otro hecho de más reciente data, es el desvío de fondos y pago de irregulares comisiones por compra de bonos por 250 millones de lempiras ($11.474,603) en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) en la gestión de Andrés Torres Rodríguez y la presidencia de Lobo Sosa.
De acuerdo con investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en el Injupemp se despilfarraron más de 95.9 millones de lempiras (unos $4.360,348) en pagos irregulares de abogados externos.
También, asegura el diario, se derrocharon millonarios recursos de sus reservas en anómalas ayudas humanitarias, pago de publicidad, compra de finos relojes y plumas de oro para los miembros de la junta directiva.
Por este caso se encuentran presos en la Penitenciaria Nacional el exjefe administrativo Carlos Humberto Zúniga y el representante de la empresa Diazgar, S.A., César Díaz, mientras que Manuel de Jesús Barahona, yerno del exdirector del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez, goza de medidas sustitutivas a la prisión.
A esta lista de corrupción se añaden otros escándalos no menos importantes como el manejo irregular de fondos para el financiamiento del inconcluso proyecto vial de la capital, conocido como Trans-450, y la supuesta malversación de fondos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que implica a dirigentes magisteriales y exfuncionarios de esa institución. También el desvío de dinero en varios programas sociales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y supuestas compras fraudulentas de medicamentos en la Secretaría de Salud, en los últimos gobiernos (leer nota aparte).
Asimismo, la comisión parlamentaria solicitó al fiscal general un informe de los avances en las investigaciones de los asesinatos del exasesor de Seguridad, Alfredo Landaverde, y del periodista HRN, Alfredo Villatoro.