QUITO. El gobernante de Ecuador, Rafael Correa, dijo ayer que está dispuesto a someterse a un referendo revocatorio ante las fuertes protestas opositoras que exigen su salida del poder en rechazo a varias iniciativas económicas.
“Vamos opositores, en vez de usar la violencia, la fuerza, utilicen la Constitución”, dijo Correa.
El izquierdista lanzó el desafío en una alocución pública y dijo que no cederá en su empeño, porque esas iniciativas buscan la justicia social.
“Ojalá algún día se atrevan a ir a un referéndum, a una consulta popular de revocatoria, para vencerlos nuevamente en las urnas”, clamó Correa.
El reto fue recogido desde la oposición por el legislador Andrés Páez, uno de los impulsores de las manifestaciones, quien escribió en Twitter: “Listo, Correa, aceptado el desafío! Vamos por la revocatoria pero con un Consejo Electoral independiente, no con esos borregos mamarrachos!”.
Impulsada por Correa, la Constitución de Ecuador del 2008 prevé la convocatoria de un referendo revocatorio del presidente apoyado en la recolección de firmas.
El gobernante esgrimió la posibilidad de ir a las urnas antes de que concluya su mandato en el 2017 frente a las movilizaciones de la última semana que piden su salida al grito de “¡Fuera Correa, fuera!” en varias ciudades de Ecuador.
Correa enfrenta el rechazo de grupos económicos y de clase alta y media por un proyecto de ley para la “redistribución de la riqueza” que prevé un aumento del impuesto a las herencias, y de otras iniciativas económicas que consideran son un castigo al éxito económico y al patrimonio familiar.
La iniciativa sobre las herencias, que deberá ser aprobada en julio por el Congreso de mayoría oficialista, detonó la ira de miles de ecuatorianos que protestan desde hace una semana.
Alcaldes y líderes opositores se han sumado a la protesta, que según Correa responde a una “conspiración en marcha” para sacarlo del gobierno. El oficialismo también ha movilizado a sus simpatizantes.
El izquierdista enfrentó en septiembre del 2010 una sublevación de policías que protestaban por una reforma salarial, lo que fue tildado por organismos como la OEA y la ONU como una amenaza al orden democrático.
—AGENCIAS.