El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo hoy que decidió presentar una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) atendiendo al consejo que le hicieron llegar sus asesores legales, tras la aprobación de otro amparo que le favorece, pero que aún no ha sido ratificado.
El mandatario guatemalteco explicó que unas declaraciones de la titular de la CC, Gloria Porras, en las que criticaba la idoneidad del primer amparo, presentada por una tercera persona a favor del presidente, fueron el detonante para que los asesores presidenciales recomendaran presentar esta acción.
Porras dijo que la admisión de dicho amparo fue basado en un criterio “político” y no jurídico, y que en este Pérez Molina aparecía como tercer interesado y no como primero.
“Por eso se tomó la decisión de presentar el amparo”, reiteró Pérez Molina, quien entregó esta solicitud ante la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano judicial del país, el pasado viernes por la tarde a través de un abogado.
El mandatario ya tiene accionado a su favor, de manera provisional, un primer amparo, solicitado a título provisional por la abogada Karen Fischer, y que la Corte decidió aceptar el pasado 18 de junio, con tres votos a favor y dos en contra.
Esta decisión provocó la detención de una solicitud de antejuicio en el Congreso, la cual amenazaba con dejar sin inmunidad al mandatario, denunciado por corrupción por un diputado de la bancada opositora Winaq, Amílcar Pop, quien lo vincula con dos casos de corrupción.
Pero ahora la CC debe decidir si ratificar o no el primer amparo y, además, ver si concede el segundo, solicitado a título personal por Pérez Molina.
Cuestionado por si estaría dispuesto a presentar su declaración patrimonial, después de varias acusaciones de corrupción en su contra, Pérez Molina dijo que ese documento estaba “dispuesto” en la Contraloría General de Cuentas tal y como lo establece la ley.
Respecto a sus propiedades dijo tener una en Izabal, adquirida en 1989, y otra en Chimaltenango, comprada hace nueve años, y negó, por activa y por pasiva, haber utilizado testaferros.
No obstante, ante la insistencia de los periodistas, sí reconoció conocer a Víctor Hugo Hernández, quien según algunos medios locales representó a una sociedad anónima con la que el presidente adquirió varias fincas.