GUATEMALA. Una juez guatemalteca encontró méritos suficientes para enviar a juicio a 17 personas, entre funcionarios y civiles, acusados de participar en un escándalo de corrupción estatal en el Seguro Social del país vecino.
La jueza sexta de instancia penal, Silvia de León, confirmó el proceso judicial para los acusados, incluido Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y exsecretario privado del presidente del país, Otto Pérez Molina.
Rodríguez, y el resto de sindicados, fueron arrestados el 20 de mayo por la supuesta adjudicación anómala en noviembre de 2014 de un contrato del IGSS a la empresa farmacéutica Droguería Pisa, por 15 millones de dólares, para la atención de pacientes con insuficiencia renal.
El Ministerio Público (MP) también investiga por esta causa la muerte de siete personas con insuficiencia renal desde enero hasta la fecha, que supuestamente habrían sido víctimas del mal servicio de Pisa, según dos denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El dictamen de la jueza precisa que los miembros de la junta directiva del IGSS enfrentarán un proceso judicial por el delito de fraude, al permitir la contratación de un servicio “perjudicial” para la población.
La junta directiva estaba comandada por Rodríguez, además del presidente del estatal Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez Guerra; el representante de la Universidad de San Carlos, Jesús Arnulfo Oliva Leal, y el representante del Colegio de Médicos y Cirujanos, Erwin Castañeda Pineda.
También forman parte el representante de la patronal, Max Erwin Quirin Schoder, y la representante de los trabajadores del IGSS en la entidad, Julia Amparo Lotán Garzona.
La jueza De León manifestó en su resolución que otros cinco funcionarios y un particular que participaron en la junta de licitación para adjudicar la contratación de Pisa también serán procesados judicialmente por fraude.
El juzgado encontró pruebas suficientes para enjuiciar por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones a Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling y exasesor del IGSS.
No obstante, de León lo desligó de la acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias, al argumentar “falta de mérito”.
Asimismo, la jueza determinó que los directivos de la Droguería Pisa, Édgar René de la Peña y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, además de su trabajador Rodolfo García-Granados, enfrentarán juicio por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.
El médico del IGSS Arturo Adolfo Castellanos Poou también fue ligado al proceso judicial de asociación ilícita.
Los fiscales del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a cargo de la investigación, divulgaron como evidencia en contra de los detenidos algunas grabaciones de las escuchas telefónicas practicadas para desarticular esta red criminal.
En ellas, García-Granados y Molina Stalling presuntamente acuerdan entre un 15 % y un 16 % de comisión por la adjudicación del contrato de 15 millones de dólares.
En otra grabación, García-Granados Reyes le reclama a un hombre no identificado el por qué del fracaso de otro contrato que, en un principio, creían tener arreglado.
“Ojo porque ni siquiera fue con JD verdad”, se excusa un desconocido, haciendo referencia a dos iniciales que, según señalan medios locales, podría hacer referencia al nombre del presidente del IGSS o a su junta directiva.
“No se pueden dejar pasar por alto las grabaciones. No son coincidencia”, aseguró la jueza, durante la audiencia celebrada en el Organismo Judicial guatemalteco.
Durante la primera declaración del caso el pasado viernes, el exsecretario de Pérez Molina aseguró que era inocente de los cargos que se le acusan. “No tenemos responsabilidad administrativa”, se defendió el funcionario de 53 años.
El escándalo de corrupción en el Seguro Social es el segundo que descubren el Miniterio Público y la Cicig en los últimos 45 días, después de desarticular el pasado 16 de abril una supuesta red de contrabando y defraudación aduanera que provocó el 8 de mayo la renuncia de Roxana Baldetti a la Vicepresidencia del país. —AGENCIAS