CARACAS. El grupo editorial venezolano 6to Poder informó ayer que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una medida judicial de incautación de bienes, lo que llevó al “cierre forzoso” de la empresa.
A través de un comunicado, 6to Poder anunció que “los funcionarios procedieron al desalojo del personal que allí se encontraba, ejecutando una medida de incautación de bienes lo que obligó al cierre forzoso de la empresa, dejando sin empleo a más de 70 trabajadores directos”.
Según el escrito, el procedimiento se realizó cumpliendo con una orden judicial emitida por el juez Alí José de la Rosa Álvarez, quien “ordenó la incautación del grupo editorial”.
El presidente de 6to Poder, el opositor Leocenis García, está detenido desde el 22 de marzo pasado, acusado de legitimación de capitales y de otros delitos por los que ya había sido señalado y apresado hace más de un año, aunque en ese entonces logró una medida para que se le juzgara en libertad.
Además de su detención, el Ministerio Público (MP) también ordenó la congelación de las cuentas bancarias del Grupo 6to Poder y de García, “tras no poder justificar los altos montos de dinero que maneja, los cuales no declaró” al Fisco, según la Fiscalía.
El grupo de preside García recibió en 2013 una oferta de compra por parte de personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro, a la cual el periodista no hizo caso.
Desde entonces tiene problemas con la justicia venezolana acusado de un presunto delito de lavado de dinero, aunque no se han aportado pruebas que lo incriminen, según medios venezolanos críticos con el chavismo.
El grupo editorial 6to Poder cuenta con los semanarios El Comercio, El Heraldo, 6to Poder, Revista U-sex, 6to Poder Libros, 6to Poder Radio y la Alianza Digital .
Hace dos años, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó al régimen de Nicolás Maduro que respetara las garantías jurídicas y de debido proceso de García, así como la garantización del derecho al trabajo libre y a la libre difusión de información de todos los empleados y periodistas del grupo 6to Poder.
Maduro constantemente acusa a los dueños de medios de comunicación privados de estar “metidos un el plan del golpe de Estado”, que sectores de oposición tratan de realizar en su contra.
En abril, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, responsabilizó a Maduro de “coartar la libertad de prensa y el derecho del público a la información mediante un mecanismo especial de persecución y discriminación, instaurado con la intención de apagar las voces independientes y críticas”. —AGENCIAS