CARACAS. La situación en Venezuela, a raíz de que un tribunal declaró medidas cautelares contra 22 periodistas y directores de medios, refleja la gravedad de la división política y de las batallas ideológicas que se están viviendo en este país.
El pasado 27 de enero, el diario español ABC soltó una bomba contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y segundo hombre fuerte del chavismo, al acusarlo de estar involucrado en el narcotráfico, con base en la información de Leamsy Salazar, un desertor venezolano y testigo protegido en Estados Unidos.
Medios venezolanos como El Nacional, Tal cual y el portal lapatilla.com publicaron la noticia, lo que desató la furia de Cabello, quien el 21 de abril presentó una demanda contra estos medios.
El pasado martes, un tribunal dictó impedimento de salida del país contra 22 personas: accionistas, directores y el consejo editorial de dichos medios.
Miguel Henrique Otero, director de El Nacional y uno de los afectados por estas medidas, conversó con Julio E. Muñoz, ex-CEO de la Sociedad Interamericana de Prensa, y le expresó su intención de regresar al país para hacer frente a las acusaciones que le afectan y reiteró que sigue vigente en su cargo como máximo responsable de este medio de prensa.
Otero indicó que conoció la orden de arraigo mientras se encontraba fuera del país y que se sorprendió al encontrarse sentenciado antes de haber sido juzgado.
Para el Presidente de El Nacional, la Justicia en Venezuela no es autónoma, porque es dependiente del Poder Ejecutivo, que la utiliza para perseguir a sus adversarios políticos. Esto explica que la jueza María Eugenia Núñez, haya podido sentenciar a los acusados sin haber comparecido estos ante el tribunal y haber podido presentar su defensa.
Las medidas cautelares tomadas por la jueza, dice, no son acordes con la pena que les podría acarrear a los 22 acusados, en el caso de que fueran encontrados culpables, ya que no sólo incluye la prohibición de salida del país de los propietarios y directores de estos medios, sino también “la prohibición de gravar (hipotecar), enajenar, y vender”.
Para Otero “hoy en Venezuela se vive un secuestro de la libertad de expresión”. “En el fondo todo esto es una estrategia, por parte del régimen de Maduro, para controlar todos los medios de prensa del país y consolidar su hegemonía comunicacional: primero debilitan los medios y después los compran, para alcanzar sus fines”, dice.
“En Venezuela, los tribunales no son independientes del Ejecutivo, los jueces emiten medidas cautelares por instrucciones del Ejecutivo y esa prácticamente es la sentencia porque los juicios no avanzan”, explica Otero.
“Hay 70 estudiantes detenidos, presos, esta el caso de Leopoldo López de Antonio Ledezma, están una serie de personas, hay 3 mil personas en régimen de presentación y todos están en unos juicios que no avanzan porque ellos están en esas condiciones por las medidas cautelares”, recalca.
Para cerrar, Otero afirma que el régimen arrincona al periodismo independiente, censurando medios, cerrando canales de televisión, circuitos de radio.
“Han generado una autocensura gigantesca, aplican violencia física, demandas, presión administrativa, publicidad, restringen el suministro de papel a que los periódicos independientes, además, ha comprado medios para voltearlos de la noche a la mañana… en Venezuela, el 40 % del territorio no tiene acceso sino a medio oficiales, y el resto del territorio, en una medida muy pequeña, tiene acceso al periodismo libre”. —AGENCIAS.