MADRID. Un juez de la Audiencia Nacional decidió ayer abrir juicio contra el gobernante Partido Popular (centroderecha) por la supuesta existencia de una caja B y fijó una fianza de 1.2 millones de euros que debe pagar en diez días.
El juez José de la Mata acordó enjuiciar a los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro de Lapuerta y al exgerente Cristóbal Páez como integrantes en organización criminal por la caja B del partido y consideró al partido como responsable civil subsidiario por el pago en negro de la reforma de su sede.
En el auto de apertura de juicio oral, de 102 páginas y notificado ayer, el juez sentó en el banquillo de los acusados como responsable civil directo, solidario y subsidiario a Unifica, un estudio de arquitectura que hizo la reforma de la sede central del PP en Madrid.
A esa empresa le reclama también una fianza de 4.5 millones de euros, así como a sus responsables Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, a los que acusa de delitos de falsedad en documentos mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.
De la Mata acusa por primera vez en esta causa a Bárcenas, De Lapuerta y Páez de delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral, que se suman a los de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública que también les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.
Esto supone que, mientras que por estos hechos el fiscal Antonio Romeral pide para los dos extesoreros 5 años de cárcel y 18 meses para Páez.
Según relata el juez en el auto, “la caja B del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas”.
Parte del dinero que presuntamente se recibía en el PP en metálico por los donantes “era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación política, habiendo previamente fraccionado la cuantía total de los mismos”, metodología que seguían Bárcenas y Lapuerta.
Según el juez, las donaciones eludían el control del Tribunal de Cuentas.
Dentro de esa dinámica, el juez señala que el PP pagó con fondos procedentes de ese circuito opaco de donativos la reforma de sus sede central y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar “el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política” durante ese año. —AGENCIAS.