Caso La Línea pasa a un tribunal de “alto riesgo”

La red de funcionarios públicos y particulares era dirigida por elexsecretario privado de la exvicegobernante.

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elsalvador.com

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2015-05-12 8:00:00

GUATEMALA. El proceso judicial contra la supuesta estructura de corrupción estatal La Línea, que provocó el pasado viernes la renuncia de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, será trasladado a un juzgado de alto riesgo, informó una fuente oficial.

El Ministerio Público guatemalteco confirmó que la Corte Suprema de Justicia “aceptó este día la solicitud planteada” por su Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), para que el expediente del caso “sea conocido por un juzgado de mayor riesgo”.

Los juzgados de alto riesgo fueron creados en 2009 en Guatemala para aquellos casos en los que se “presente mayor riesgo para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia”, según establece la ley de Guatemala.

El proceso penal del caso La Línea estaba a cargo de la jueza de primera instancia penal, Marta Sierra de Stalling, quien “presuntamente favoreció a 6 de los 24 implicados” con “medidas sustitutivas” para que pudieran evitar la cárcel y tener arresto domiciliario, al imponerles fianzas de entre 25,000 y 38,000 dólares, añadió el MP.

La resolución de Sierra de Stalling fue cuestionada por el Ministerio Público, quien argumentó que fue dictada “por un presunto soborno” de parte de tres abogados de los sindicados, juristas arrestados la semana pasada y que “hoy guardan prisión preventiva por cohecho activo y asociación ilícita”.

Los 24 implicados fueron detenidos el pasado 16 de abril cuando el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticuló la red criminal de contrabando y defraudación aduanera, supuestamente liderada por el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, hoy prófugo de la Justicia.

Entre los detenidos están al director, exdirector y gerente de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de impuestos en el país centroamericano, sindicados de formar parte de la red criminal.