TEGUCIGALPA. Autoridades confirmaron ayer que investigan la financiación ilegal del gobernante Partido Nacional por medio de un desfalco de decenas de millones de dólares del Seguro Social realizado por funcionarios públicos a través de una red de empresas.
Aunque el Ministerio Público no ha confirmado de qué partido se trata, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, afirmó que tres testigos protegidos que han ofrecido información respaldada e investigada por la institución señalan al Partido Nacional.
“Hay altos empresarios, funcionarios, políticos. Hay información clara y contundente que hemos pasado al Ministerio Público y no se ha hecho nada”, dijo.
Las afirmaciones de las autoridades coinciden con las reiteradas denuncias realizadas por la oposición en el Congreso y por el director de una emisora local de radio y televisión en torno a la existencia de cheques emitidos por las empresas responsables del desfalco del Seguro Social a favor del Partido Nacional, que tendrían como objetivo la financiación de la campaña electoral que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia de la República.
Según el Ministerio Público, una red dirigida por Mario Zelaya, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el mandato del presidente Porfirio Lobo (2010-2014), se habría gastado de manera fraudulenta $120 millones provenientes de la caja destinada a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y el pago de pensiones de vejez e invalidez.
Zelaya, que se dio a la fuga en enero de 2014 al destaparse el caso y fue detenido nueve meses después, no es el único antiguo alto funcionario implicado en la red.
La junta directiva del Instituto, formada por 18 personas entre las que hay exministros y diputados, es investigada. Los funcionarios fueron nombrados por el gobierno de Lobo y todos eran miembros del Partido Nacional o cercanos a él.
El sistema se basaba en una sobrevaloración de productos y servicios requeridos por la seguridad social con sobreprecios de más de 100 % a empresarios locales, que a su vez pagaban comisiones a los funcionarios. —AGENCIAS. Las afirmaciones de las autoridades coinciden con las reiteradas denuncias realizadas por la oposición en el Congreso y por el director de una emisora local de radio y televisión