GUATEMALA. El presidente Otto Pérez Molina aseguró ayer que no interferirá en las investigaciones que coordina una comisión de la ONU para combatir la corrupción en su país, en donde fueron detenidos ayer 16 personas señaladas de fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) .
Durante una rueda de prensa en Casa Presidencial, el jefe de Estado dijo que es respetuoso de la ley y “apoyamos los esfuerzos que realiza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para lograr las capturas como las de hoy”.
“No vamos a interferir” en las investigaciones y “esperamos que las instancias hagan lo que les toca”, subrayó.
Pérez Molina comentó que el IGSS es una institución autónoma y colegiada, pero, sostuvo, “nadie está por encima de la ley”.
El mandatario afirmó que acepta su responsabilidad y que se siente defraudado porque él nombró a esos funcionarios en base a propuestas que le hicieron.
“Deposité mi confianza en ellos, me han defraudado, soy el primero en lamentar que se falte a la confianza y si son responsables después de todo el proceso que sean condenados”, expresó.
Sobre los posibles sustitutos, explicó que ambas instituciones se rigen por sus leyes, pero que ha pedido a sus asesores legales que realicen un estudio para determinar a qué persona le tocaría asumir los cargos.
Protesta
Mientras, miles de campesinos rechazaron ayer la corrupción estatal y solicitaron la renuncia Pérez Molina, así como la de su recién designado vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre.
Durante una marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Cnoc) y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), los manifestantes, llegados del interior del país, exigieron “cárcel para los corruptos”.
“Fuera, ya estamos cansados de tanto ladrón, somos los de abajo y vamos por los de arriba”, gritaron a una sola voz los campesinos en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, donde convergieron desde los cuatro puntos de ingreso a la capital donde iniciaron la marcha.
Además, demandaron la renuncia del recién designado vicepresidente del país, Alejandro Maldonado Aguirre, porque como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) participó en la anulación, en mayo de 2013, del juicio por genocidio que favoreció al exgeneral golpista José Efraín Ríos Montt (1982-1983). —AGENCIAS.