BRASILIA. El exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, que colabora con la Justicia en la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera brasileña a cambio de una futura reducción en su pena, dijo ayer que los mayores desvíos en la estatal aún no han sido destapados.
Las corruptelas registradas en la división de Abastecimiento de Petrobras son sólo “la punta del iceberg” porque los mayores desvíos ocurrieron en otras divisiones de la petrolera estatal, afirmó el reo confeso Costa en un nuevo interrogatorio al que fue sometido ayer por el juez que comanda la investigación del escándalo.
El exalto cargo de Petrobras dijo que los principales desvíos se registraron en las divisiones de Exploración y Producción y en la de Gas y Energía, según un vídeo del interrogatorio divulgado por el juzgado de la ciudad de Curitiba responsable por el caso.
“Los grandes valores (desviados) no fueron en el área de Abastecimiento sino en las áreas de Exploración y Producción, que es la que contrata plataformas y navíos. De eso hasta ahora poco vi en la prensa o en la justicia”, dijo el principal delator del caso.
“Tengo certeza absoluta de que (los mayores desvíos) fueron dentro del área de Exploración y Producción, que es la que recibe las mayores inversiones en Petrobras. En el área de gasoductos también hubo desvíos grandes. El área de Abastecimiento es sólo la punta del iceberg”, agregó Costa.
La petrolera informó la semana pasada que las colosales corruptelas que se investigan le costaron unos 2,066 millones de dólares desde 2004.
Ese valor fue calculado por la empresa a partir de los contratos firmados por las divisiones de Petrobras para Abastecimiento, que era comandada por Costa, y para Servicios, cuyo entonces director, Renato Duque, está preso por el escándalo.
La cifra de los desvíos divulgada por Petrobras no incluye supuestas corruptelas en las otras divisiones de la petrolera.
En el interrogatorio que duró una hora y 40 minutos, el exdirector de Petrobras dijo que en 2006 recibió la propuesta de ejecutivos de las constructoras UTC y Odebrecht para que la estatal adjudicara todos los contratos a un grupo de empresas que habían montado un cártel.
Esto, a cambio de sobornos que serían distribuidos a partidos políticos, aseguró el exdirector de la entidad.
Agregó que ese grupo de empresas se adjudicó en forma exclusiva en los últimos diez años contratos por unos 26,666,7 millones de dólares con Petrobras, de los que un porcentaje era desviado para los sobornos a dirigentes de la estatal y a los partidos políticos que apoyaban la red.
Costa dijo que además de los oficialistas Partido de los Trabajadores (PT), Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y Partido Progresista (PP), los sobornos también favorecieron al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor fuerza de la oposición.
El PSDB, que ha aprovechado el escándalo para reforzar sus ataques al gobierno, amenaza con entablar un juicio político en el Congreso para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, por su presunta responsabilidad en los desvíos.
La investigación inició en marzo de 2014 cuando se identificó una red que amañaba contratos de la estatal con numerosas constructoras, elevaba artificialmente el valor de los mismos y distribuía la diferencia en sobornos pagados a altos funcionarios de la empresa y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.
A lo largo de las investigaciones, han sido arrestados cinco exdirectivos de la empresa y una decena de ejecutivos de importantes constructoras.
Entre las empresas ligadas al escándalo están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador. Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral.
Mientras, la máxima corte de justicia concedió ayer la libertad condicional a 9 ejecutivos de grandes constructoras brasileñas que están presos desde noviembre pasado acusados de haber participado en la red de corrupción.
Los ejecutivos obtuvieron el derecho a la prisión domiciliar y tendrán que usar una tobillera electrónica. Ellos son: el presidente y propietario de la constructora UTC, Ricardo Pessoa. Además, la medida beneficia también a José Ricardo Nogueira Breghirolli, Agenor Franklin, Mateus Coutinho y José Aldemário Filho, ejecutivos de la también constructora OAS; a Sergio Mendes, dirigente de la empresa Mendes Júnior; a Gerson Almada, ejecutivo de Engevix; a Erton Medeiros (Galvao Engenharia) y a Joao Ricardo Auler (Camargo Correa).
Además, los beneficiados, actualmente presos en las celdas de la Policía Federal, tendrán que presentarse ante un tribunal cada 15 días y entregar su pasaporte. —AGENCIAS.