SAO PAULO. La Justicia brasileña bloqueó ayer 163 millones de reales (unos 53 millones de dólares) de un pago de recursos públicos destinado a Queiroz Galvao, una de las constructoras investigadas por su supuesta participación en la red de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
El juez Sergio Moro de Curitiba (Paraná), encargado del caso Petrobras, aceptó ayer el pedido de la Fiscalía de bloquear el dinero, el cual procedía de una deuda que el estado de Alagoas (noreste) había contraído con la constructora.
El dinero secuestrado por la Justicia no es fruto de la corrupción en Petrobras, pero el juez decidió bloquearlo para poder resarcir los eventuales daños causados por la constructora a las cuentas públicas.
Es la primera vez que el juez Moro ordena secuestrar los valores de una constructora, ya que hasta el momento el magistrado tan sólo había autorizado el bloqueo de bienes de algunos de los ejecutivos de las compañías sospechosas de integrar la red de corrupción.
La constructora informó a través de un comunicado de que el crédito que debía recibir del gobierno de Alagoas es “absolutamente legítimo” y reiteró que siempre dirigió sus “actividades por la ética y el estricto cumplimiento de su legislación”.
Los lazos en El Salvador
La empresa brasileña Queiroz Galvão fue preseleccionada por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre.
En enero de este año, un equipo de cinco fiscales especializados contra la corrupción inició pesquisas sobre el proyecto de expansión de la represa 5 de Noviembre, por el cual la CEL ha pagado $189.3 millones a la firma Queiroz Galvao.
Otra de las compañías vinculadas al escándalo de corrupción en Petrobras es Odebrecht, la cual fue preseleccionada en el país para construir El Chaparral.
En Brasil, las investigaciones de la Policía se desarrollan desde hace cerca de un año y han encontrado indicios de que las constructoras llegaron a un acuerdo para elevar el precio de los contratos que firmaban con Petrobras, para repartir esos fondos entre ejecutivos de la petrolera y decenas de políticos.
Hasta ahora la Policía ha detenido a cinco exaltos cargos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas.
El Tribunal Supremo también ha ordenado abrir investigaciones a 50 políticos con foro privilegiado, en su gran mayoría de la base oficialista, por supuestamente haberse beneficiado de los desvíos de recursos públicos en una red que tendría más de una década de operar. —AGENCIAS.