SIP denuncia “oligopolios” pro gobierno

Señala a países como Venezuela, Argentina, Ecuador, y de Centroamérica también menciona a Nicaragua y Guatemala

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elsalvador.com

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2015-03-18 8:00:00

MIAMI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció esta semana ante la CIDH la existencia de “oligopolios mediáticos progubernamentales” en distintos países de América Latina, en especial en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, así como en Nicaragua y Guatemala, según un comunicado difundido ayer.

La SIP, con sede en Miami, ha llevado esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reuniones celebradas esta semana en Washington por responsables de ambas organizaciones.

El organismo también criticó los “oligopolios” de medios afines al poder creados con recursos públicos en otros países como Nicaragua, Guatemala y Bolivia.

En Nicaragua, la familia del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, junto al magnate mexicano, Ángel González, conocido como “el Fantasma”, controlan casi en su totalidad el espectro radioeléctrico del país.

Un reciente informe de la SIP indica que en Nicaragua la familia presidencial Ortega- Murillo controla el canal 2, que ya había pasado antes al empresario mexicano Ángel González, quien ahora se quedó también con el canal 7, el cual antes era una repetidora del canal 2.

Y señala que González no critica en sus canales nada contra el gobierno y que además de ser el propietario en Nicaragua de los canales 9, 10 y 11 es dueño de otra empresa con al menos tres emisoras para todo el país.

El documento consigna que la familia presidencial controla los canales estatales 2, 4, 6 y el 8, 13, 47 y 91 de suscripción por cable. El único canal independiente en Nicaragua es el 12. “Quiere decir que en Nicaragua estamos ante un duopolio, cuyo resultado es que la sociedad nicaragüense reciba de una manera abrumadora solo informaciones u opiniones oficialistas”, alertó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, a los relatores de la CIDH, durante la audiencia.

Mohme acotó que González se adecua de una manera sorprendente a los intereses de los gobiernos, de tal manera que se adhiere a la discursiva oficialista –de derecha o de izquierda– según el país para mantener su negocio.

“El Fantasma” también es dueño de medios pro gobierno en Guatemala, donde ha creado un monopolio privado que controla la televisión abierta con concesiones renovadas una y otra vez por distintas administraciones del gobierno. De esa manera maneja casi en su totalidad la información de carácter público que reciben los ciudadanos guatemaltecos.

En una reciente entrevista para El Diario de Hoy, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que esa forma de operar de “el Fantasma” está en proceso de entrar también a El Salvador.

González es ligado en el país a la empresa TVRED y al reciente cambio de frecuencia del canal 37 al canal 11, cuya asignación ha sido denunciada por televisoras locales ante instancias judiciales.

Sobre Venezuela, Ecuador y Argentina, la SIP señala en sus informes que los gobiernos de esos países acaparan medios que son críticos como una estrategia de control a los opositores.

“En el afán de controlar el espectro de las comunicaciones, sigue adelante la estrategia que utilizan algunos gobiernos como el argentino, el ecuatoriano y el venezolano, para adquirir empresas periodísticas a través de testaferros o de acaparar espacios de radio y televisión, desde los cuales se atacan a sus críticos”, enfatiza la SIP.

La organización, dedicada a la defensa de la libertad de prensa en las Américas, cifró en “cientos el número de emisoras de radio, canales de televisión, periódicos, agencias de noticias y páginas digitales” que forman parte del oligopolio progubernamental de medios denunciado ante la CIDH.

En una audiencia convocada para debatir sobre la pluralidad, diversidad y concentración de medios en la región, la SIP defendió su histórica posición a favor de la vigencia del artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en 2000.

Por parte de la CIDH, participaron su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza; el relator especial para Libertad de Expresión, Edison Lanza, y los comisionados James Cavallaro, Tracy Robinson, José de Jesús Orozco Henríquez y Paulo Vannuchi.

El artículo 12 advierte de que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

“La SIP se opone, se ha opuesto y se opondrá a la existencia de monopolios u oligopolios, tanto públicos como privados, en los exactos términos que establece el Artícu lo 12 de la Declaración de Principios”, dijo Paolillo en su intervención.

Paolillo opinó que “el problema de los monopolios u oligopolios es uno de los mayores riesgos para la vigencia plena de la libertad de expresión”.

La SIP pide que estos temas sean contemplados dentro de la agenda de la Cumbre de las Américas que se realizará en abril en Panamá.—AGENCIAS.