Río de Janeiro. La policía brasileña desarticuló ayer una red de corrupción acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31.2 millones de dólares) de la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público de Brasil, informaron ayer fuentes oficiales.
Los miembros de la banda son acusados de promover fraudes con créditos para la adquisición de viviendas, que la Caixa Económica Federal desembolsaba pese a que carecían de garantías o eran para la compra de inmuebles inexistentes o por un valor en 1,000 % superior al real, informó la Policía Federal brasileña en un comunicado.
La Policía Federal dijo haber movilizado ayer a 133 agentes en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres mayores estados de Brasil, para desmontar la organización acusada de los desvíos en la Caixa Económica Federal.
El juez responsable de la investigación dictó 34 órdenes para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 órdenes para separar a funcionarios públicos de sus funciones.
Los responsables por la operación también dictaron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes.
Según la Policía Federal, con la complicidad de gerentes y funcionarios de la Caixa Económica Federal y presentando documentos falsos, la banda conseguía obtener en tiempo récord préstamos por hasta un millón de reales (unos 312,500 dólares) para adquirir viviendas que costaban menos de la décima parte de ese valor o no existían.
Los fraudes estaban concentrados en tres agencias del banco público y facilitaban los préstamos para viviendas en un área turística conocida como la “región de los lagos”, en el estado de Río de Janeiro.
Los involucrados en la organización pueden ser acusados de los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documentación pública, fraude, corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero.
Caso Petrobras
La operación para desmontar la red de corrupción enquistada en la Caixa Económica Federal, una de las más importantes empresas estatales de Brasil, se produce en momentos en que la Policía, la Fiscalía y el Congreso investigan un gigantesco escándalo por desvíos en la petrolera Petrobras, la mayor empresa del país y también pública.
El caso de corrupción en Petrobras es investigado desde hace un año y por el mismo ya han sido condenadas once personas y son juzgadas otras 82, en tanto que la Corte Suprema autorizó investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, 35 de ellos parlamentarios, de los que se sospecha que se beneficiaron de los millonarios desvíos, entre ellas el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, acusado de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.
De acuerdo con la Fiscalía, Vaccari mantenía encuentros regulares con un exdirector de Petrobras para supuestamente convertir en donaciones legales de campaña al PT el dinero sucio producto del pago de sobornos a directores de Petrobras por parte de empresas constructoras.
Además han sido detenidos cinco ex altos cargos de la petrolera, dos de los cuales se confesaron culpables y realizaron un acuerdo de delación premiada con la Justicia a cambio de una reducción de la pena.
Entre las empresas ligadas al escándalo están Odebrecht y Queiroz Galvão; ambas fueron seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral.
La indignación con la corrupción en Petrobras fue señalada como el principal motivo de las protestas antigubernamentales que movilizaron a cerca de dos millones de brasileños el domingo en diferentes ciudades.
La Fiscalía estima que el volumen de recursos desviados de los cofres de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, es de unos 2,100 millones de reales (unos 646 millones de dólares).
Según la acusación, las empresas privadas involucradas obtenían contratos amañados con Petrobras, cuyos precios eran inflados, y el excedente era repartido entre todos los miembros de la red de corrupción y los políticos que amparaban esas maniobras ilegales.
La corrupción en Petrobras ha golpeado fuertemente la popularidad de la gobernante brasileña Dilma Rousseff, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, de acuerdo a una encuesta del diario Folha de Sao Paulo. —AGENCIAS.