WASHINGTON. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, urgió al Congreso a aprobar los $1,000 millones solicitados para el plan Alianza para la Prosperidad, que busca promover el desarrollo en El Salvador, Guatemala y Honduras y frenar la inmigración ilegal.
“El presidente (Barack Obama) y yo estamos decididos a abordar los problemas en El Salvador, Guatemala y Honduras, y a ayudar a estos países en su camino hacia la prosperidad económica”, subrayó Biden en un artículo publicado en el diario digital The Hill.
Los $1,000 millones solicitados al Congreso en el plan presupuestario de Obama para el año fiscal 2016 “ayudarán a los líderes de Centroamérica a realizar las difíciles reformas e inversiones necesarias para poner a la región en un camino más estable y sostenible”, agregó.
Según Biden, esos fondos persiguen tres objetivos: reforzar la seguridad para reducir la violencia en esos países, luchar contra la corrupción y proporcionar asistencia técnica para atraer inversión internacional hacia la región.
Biden visitó la semana pasada Guatemala, donde se reunió con el presidente de ese país, Otto Pérez Molina, y con los de Honduras, Juan Orlando Hernández, y El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, para analizar el plan Alianza para la Prosperidad.
Los detalles del plan, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se cerrarán la próxima semana en Washington.
La Alianza para la Prosperidad, presentada en noviembre pasado en Washington, requiere de unos $15,000 millones, de los cuales el 80 % correrán a cargo de Guatemala, El Salvador y Honduras, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
Su principal meta es promover el desarrollo de la región y frenar la inmigración ilegal de centroamericanos a EE. UU., después de que en 2014 se detectara un éxodo masivo de menores no acompañados.
En su artículo, Biden destacó la “voluntad política” de los tres países para sacar adelante el plan y puso como ejemplo la firma de un acuerdo para aumentar la transparencia gubernamental en Honduras, la reducción “en un tercio” de la tasa de asesinatos en Guatemala y una nueva ley en El Salvador para proteger a los inversores. —AGENCIAS.