WASHINGTON. Mediante una orden ejecutiva, el presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó ayer implementar sanciones contra varias destacadas figuras del régimen de Nicolás Maduro y declaró una situación de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos.
En el texto, el presidente estadounidense expresa su preocupación por las amenazas del Gobierno venezolano contra la oposición.
“Las autoridades venezolanas que en el pasado y el presente han violado los derechos humanos de sus ciudadanos y se han visto envueltos en actos de corrupción, no son bienvenidos aquí”, afirma el presidente en un texto que constituye un paso diplomático al frente de los Estados Unidos y un golpe más en la arena internacional para el régimen de Maduro, cada vez más acosado por la caída del precio del crudo, la escasez y la violencia en las recurrentes protestas de la oposición.
Según la orden ejecutiva, Obama “implementa y amplía” las sanciones contra ciertos individuos de Venezuela incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado, según explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado.
“Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU., y declaro una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”, dice Obama en la orden.
El mandatario citó, además, como factores “la restricción de libertades de expresión, el uso de la violencia, las violaciones de derechos humanos y los abusos en respuesta a protestas antigubernamentales; el arresto arbitrario y detención de manifestantes y la creciente presencia de una corrupción pública significativa”.
La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de EE. UU. para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
Bajo la nueva orden, Obama anunció la imposición de sanciones a siete funcionarios y exfuncionarios venezolanos cuyos bienes en EE. UU. quedan congelados y se les prohíbe la entrada al país.
El pasado 10 de diciembre el Congreso estadounidense ya había aprobado sanciones contrafuncionarios venezolanos y Obama había ratificado esas medidas el 18 de diciembre, pero no ha sido hasta este lunes cuando la Casa Blanca identificó a los afectados por esas medidas.
Entre los sancionados se encuentran Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, así como el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio José Benavides Torres.
La lista la completan Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Nayarith Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector General del SEBIN, y Miguel Alcides Vivas Landino, Inspector General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense no había hecho pública la lista de sancionados bajo la ley aprobada por el Congreso en diciembre, por lo que se desconoce si esos siete individuos identificados ayer se encontraban también en el listado de personas afectadas por la medida procedente del legislativo.
La orden ejecutiva firmada ayer también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas” o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca.
Exige liberar a líderes
La Administración Obama también expresó su preocupación por el tratamiento que el gobierno del presidente Nicolás Maduro da a sus oponentes políticos.
“El régimen de Venezuela debe liberar a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”, enfatizó Josh Earnest.
“Estamos muy preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos. Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia”, agregó.
“Hemos visto muchas veces que el gobierno de Venezuela trata de distraer de sus propias acciones al culpar a los Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los eventos dentro de Venezuela. Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno de Venezuela para tratar con la situación grave que enfrenta”, lamenta EE. UU. —AGENCIAS.