El gobierno federal estadounidense solicitará una suspensión temporal de la decisión de un juez que bloqueó una orden ejecutiva del presidente Barack Obama para proteger a millones de inmigrantes de la deportación, dijo la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia presentará el pedido en una corte federal en Texas para el lunes, dijo el vocero presidencial Josh Earnest.
Earnest dijo que la decisión es separada de un plan del gobierno para apelar el fallo del juez federal Andrew Hanen en Texas. Dijo que los asesores de Obama consideran que el presidente actuó dentro de los límites de la ley el año pasado cuando usó su autoridad ejecutiva para proteger de la deportación a cerca de cinco millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
El fallo del juez se produjo en respuesta a una demanda contra las acciones de Obama presentada por una coalición de 26 estados liderada por Texas. Los estados argumentaron que el presidente no tiene la autoridad para permitir que esos grupos de inmigrantes se queden legalmente y trabajen en Estados Unidos.
“La ley está de nuestra parte, y la historia está de nuestra parte”, dijo Obama hace unos días en respuesta al fallo del juez. “No es la primera vez que un juez en una corte inferior ha bloqueado algo, o tratado de bloquear algo, que al final va a ser legal, y confío en que actué completamente dentro de mi autoridad”.
La Casa Blanca ha dicho que apelará el fallo de Hanen en la corte federal de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans.
Por su parte, un juez federal emitió el viernes una restricción preliminar contra la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de detener a madres y niños centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que presentó el caso ante una corte federal, describió las detenciones como parte de una estrategia para disuadir a personas a que no vinieran a solicitar asilo a Estados Unidos.
Al conceder la restricción contra esa medida del ICE, el juez James Boasberg, de la corte federal del Distrito de Columbia, escribió que la “actual política de considerar la disuasión posiblemente es ilegal y… causa daño irreparable a las madres y niños que buscan asilo”.
Judy Rabinovitz, directora adjunta del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló que “este fallo significa que el gobierno no puede continuar encerrando a familias sin la determinación individual de que representan un peligro o que se corra el riesgo de que huyan en una situación en la que su detención es obligatoria”.