BRASILIA. El caso de corrupción en Petrobras se agravó ayer con la detención temporal del tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y con la ampliación de las investigaciones a una subsidiaria de la petrolera estatal.
El tesorero del PT, João Vaccari Neto, el primer político detenido en el marco de la investigación, prestó declaración a la Policía Federal en Sao Paulo durante casi tres horas y después fue puesto en libertad porque no ha sido imputado por ningún delito.
El fiscal Carlos Fernando Lima explicó que el tesorero fue llamado a declarar porque se sospecha que “solicitó donaciones legales e ilegales” a varias empresas socias de Petrobras, que son investigadas por las corruptelas.
El caso se refiere al pago de sobornos multimillonarios a partidos políticos, legisladores y ejecutivos de Petrobras con fondos de la empresa pública y de decenas de empresas que tenían contratos con la petrolera.
Tras prestar declaración, Vaccari Neto afirmó que el PT “no tiene caja dos ni cuentas en el exterior, no recibe donaciones en efectivo y solamente recibe contribuciones legales, conforme a la ley, prestando cuentas a las autoridades competentes”.
Sin embargo, según se dio a conocer ayer, el exgerente de Petrobras, Pedro Barusco, declaró, a cambio de un acuerdo de reducción de su pena, que estimaba que la fuerza gobernante había recibido entre $150 millones y $200 millones de sobornos producto de 90 contratos entre 2003 y 2013.
En la misma línea que Vaccari, el PT negó en un comunicado las acusaciones de soborno y precisó que la formación “recibe apenas donaciones legales que son debidamente declaradas a la justicia electoral”.
En la nueva fase de la investigación de Petrobras, se expidieron ayer 22 órdenes de arresto o de detención temporal, entre ellas la de Vaccari Neto y de 10 empresarios que son sospechosos de blanqueo de dinero y de servir de intermediarios para el pago de los sobornos.
Además, la Justicia emitió 40 órdenes de búsqueda de pruebas en las residencias de los sospechosos y en la sede de 26 empresas, la mayoría sociedades ficticias, en cuatro estados brasileños.
Las investigaciones, antes centradas en las corruptelas de tres departamentos de Petrobras, se extendieron a BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera que administra cerca de 7,500 gasolineras en todo Brasil.
Según el fiscal, el pago de sobornos de las empresas investigadas a los ejecutivos de BR Distribuidora se produjo hasta fechas “muy recientes”, a finales de 2014.
Entre las empresas ligadas al escándalo están Odebrecht y Queiroz Galvão; ambas fueron seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral.
El gran calado del caso llevó a la Cámara de los Diputados a abrir una nueva comisión para investigar a Petrobras, que tendrá amplios poderes, que incluyen la citación a declarar y la supresión del secreto bancario, fiscal y telefónico de los imputados.
El ministro de Relaciones Institucionales, Pepe Vargas, afirmó a periodistas que el gobierno “no está preocupado” o “avergonzado” ni por la apertura de la comisión ni por la investigación al tesorero del PT.
La semana pasada, Petrobras reconoció que debido a la corrupción y otras deficiencias de gestión, 31 de sus activos fueron sobrevalorados en unos $34,500 millones.
Ese valor se refiere a contratos con constructoras y proveedores firmados entre 2004 y 2012, por lo que el cálculo de las pérdidas generadas por la corrupción podría elevarse considerablemente conforme avancen las investigaciones.
La crisis forzó a Rousseff a aceptar la dimisión de la presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, y de la mayoría de la dirección de la empresa, cuyos sustitutos serán anunciados hoy. —AGENCIAS.