BUENOS AIRES. El Fiscal Gerardo Pollicita solicitó ayer la imputación de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios a partir de la denuncia del exfiscal Alberto Nisman, una decisión que fue aplaudida por la oposición y sobre la que el Gobierno no se pronunció hasta ahora.
Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas por encubrimiento y, en el caso de los funcionarios, por posible incumplimiento de los deberes que les corresponden.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.
Tras la presentación de Pollicita, el juez Daniel Rafecas, canceló sus vacaciones y reasumirá sus funciones el próximo miércoles 18, cuatro días antes de lo previsto, según difundió hoy el Centro de Información Judicial (CIJ).
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado”, según la presentación difundida hoy en la página web de la Fiscalía argentina.
Además, el fiscal también considera que las acciones del gobierno “podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El pedido de imputación también alcanza al diputado kirchnerista Andrés Larroque, al militante oficialista Luis D’Elia, al dirigente islámico Jorge “Yussuf” Khalil, al militante Fernando Esteche, al exfiscal Héctor Luis Yrimia y a un supuesto espía identificado como Héctor Bogado.
Según la acusación de Nisman, el “encubrimiento” terrorista que, a su juicio, encabezó Cristina Fernández, era para “acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por grano y hasta vender armas”. Todo, a cambio de conceder impunidad a los terroristas.
El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y causó la muerte de 85 personas. Dos años antes, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos.
Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido.
Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento cuatro días después de haber presentado la denuncia contra la presidenta. El investigador requirió una indagatoria a Fernández y al resto de los imputados.
Horas después del hallazgo del cuerpo sin vida de Nisman estaba prevista una reunión del fiscal con un grupo de legisladores en el Congreso donde se esperaban que ofreciera más detalles sobre su acusación, la más grave que haya recibido Fernández.
La mandataria lleva más de 7 años de gobierno y culmina su mandato en diciembre.
Desde que Nisman hizo pública su denuncia, el Gobierno argentino ha argumentado que los supuestos beneficios derivados del presunto encubrimiento nunca se concretaron.
Además, ayer presentó ante la Justicia documentos “jurídicamente relevantes” para rebatir la denuncia presentada por Nisman, como documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición e información de la Secretaría de Inteligencia, entre otros.
Antes del pedido de imputación, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que de producirse sería una estrategia de “golpismo judicial activo” para desestabilizar al Gobierno.
El fiscal remarca en su dictamen que “corresponde dar inicio a una investigación” que permita dilucidar si, efectivamente, los delitos denunciados ocurrieron y “resulta indiferente que se logre o no el fin buscado por quien presta la ayuda”.
La oposición argentina celebró la apertura de una investigación contra Fernández.
—AGENCIAS.