WASHINGTON. La Casa Blanca decidió ayer plantar batalla legal a la decisión de un juez en Texas de bloquear las acciones ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que permitirían regularizar temporalmente a 5 millones de inmigrantes indocumentados.
El juez federal del distrito sur de Texas Andrew Hanen emitió el lunes por la noche una suspensión temporal de la acciones ejecutivas de Obama por la demanda presentada por 26 estados contra la constitucionalidad de las medidas presidenciales en materia migratoria.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró ayer que el Departamento de Justicia apelará contra la decisión de Hanen, ya que las medidas son “coherentes” con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, que “han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración”.
El equipo de Obama requiere premura, porque hoy comenzaría a entrar en vigor la primera parte de las acciones ejecutivas del presidente, la que permitía pedir una suspensión de los procesos de deportación a 230 mil jóvenes inmigrantes que han crecido y se han educado en EE. UU. durante 3 años, la iniciativa de alivio migratorio conocida como Acción Diferida (DACA).
La sentencia del juez Hanen también afectaría al comienzo en mayo de una segunda fase que beneficiaría a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, bautizada como Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johson, mostró ayer su total desacuerdo con la decisión del juez Hanen, pero aseguró que la respetarán y el DHS no aceptará las peticiones de la DACA que iban a comenzar a procesarse hoy.
Mientras, la organización American Center for Law & Justice (ACLJ), que representa a 68 congresistas, entre ellos a los senadores republicanos por Texas Ted Cruz y John Cornyn, clamó “victoria” ayer tras conocerse el fallo.
Los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y El salvador lamentaron ayer la decisión de un juez de Texas, e instaron por una pronta solución en favor de los migrantes.
El gobierno de El Salvador formuló votos “por la pronta búsqueda de medidas que promueven estabilidad migratoria para todos los migrantes que se apegan a las normativas estadounidenses”.
Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria consensuada entre senadores de ambos partidos.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), confió en que un tribunal revoque finalmente la decisión del juez y “reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo, poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el presiente estaba actuando dentro de autoridad”. —AGENCIAS