BUENOS AIRES. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó a la Justicia unas 50 medidas, que incluyen allanamientos, exámenes de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales, para avanzar en la acusación por encubrimiento a terroristas contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, informaron ayer medios locales.
Aunque Pollicita solicitó secreto de sumario, según fuentes judiciales consultadas por el diario Clarín, en el requerimiento de instrucción presentado el pasado viernes el fiscal pidió al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, medio centenar de medidas para corroborar datos que se remontan a 2011.
Pollicita busca comprobar las pruebas y atar los cabos sueltos de la teoría expuesta por el fiscal Alberto Nisman en la denuncia que presentó 4 días antes de morir, el pasado 18 de enero de un tiro en la sien en circunstancias aún no aclaradas.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, señaló a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos del acto terrorista.
Tras un mes sin avances, Pollicita siguió el viernes los pasos de Nisman y acusó a Fernández, al canciller, Héctor Timerman, y varios colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado” y posible “impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La batería de pruebas solicitadas por Pollicita incluye cruces de llamadas para probar los vínculos de los implicados en la presunta trama de encubrimiento, comprobación de los lugares desde donde se realizaban las comunicaciones y registros de las entradas y salidas de edificios gubernamentales como la Cancillería argentina y la Casa Rosada.
También solicita declaraciones testimoniales y registros en lugares que se mantienen en estricto secreto, según informó Clarín. —AGENCIAS.