La Fiscalía de Argentina solicitó abrir investigación a Cristina Fernández, presidenta de Argentina. La solicitud daría apertura a una investigación penal que el gobierno atribuyó a un intento de “desestabilización”.
En un “requerimiento de instrucción”, o solicitud de apertura de investigación, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que la denuncia que hizo su colega el 14 de enero existen suficientes elementos para investigar a la mandataria en un juzgado y determinar si buscó desligar la presunta responsabilidad de ocho iraníes en el ataque a un centro judío en 1994, el peor atentado terrorista ocurrido en suelo argentino.
A diferencia de Nisman, Pollicita no solicitó que se realice un interrogatorio a la mandataria ni a funcionarios y allegados al gobierno acusados previamente, pero sí requirió varias de las medidas solicitadas por su colega y pidió otras nuevas.
Ahora, el juez Daniel Rafecas deberá analizar la solicitud de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso penal. El magistrado adelantó el regreso de sus vacaciones para el miércoles 18 de febrero.
“A propósito de lo enunciado hasta aquí, corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto procesal”, dice Pollicita en su solicitud difundida por el Poder Judicial argentino.
En el documento, el fiscal Pollicita recordó que están “imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones” la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, un representante de la comunidad iraní en Argentina, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex juez Héctor Luis Yrimia, los dirigentes sociales afines al oficialismo Luis D’Elia y Fernando Esteche y el presunto espía “Allan”, y que según Nisman sería Ramón Allan Héctor Bogado.
El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y causó la muerte de 85 personas. Dos años antes, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos.